Las constructoras del TAV reclaman más de 80 millones a los gobiernos central y vasco

Las empresas que construyen el Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi mantienen vivas 42 reclamaciones frente al Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco por discrepancias en la liquidación de las obras en diversos tramos. Las compañías exigen el pago de más de 80 millones de euros en sobrecostes con cuyo abono ni el Ejecutivo central ni el autonómico están conformes. Se trata de una fuerte cantidad de dinero, aunque también es cierto que representa un porcentaje pequeño con respecto al montante total del coste de los tajos que están ahora en marcha o que se han desarrollado en los últimos años. Hay que tener en cuenta que, desde septiembre de 2006 (fecha de colocación de la primera piedra), en los tramos dependientes de Madrid se han invertido casi 2.000 millones de euros, mientras que otros 1.729 millones han sido gestionados directamente por las autoridades autonómicas, a través de una encomienda. El proyecto no será una realidad hasta, por lo menos, 2027.

¿Por qué reclaman las constructoras? El principal argumento utilizado tiene que ver «con los costes debidos al incremento de los plazos de ejecución de las obras, por causas no imputables a las empresas», apuntan fuentes del Ejecutivo autonómico. Es lo más habitual. El TAV es una obra colosal que se ha ido desarrollando de forma atropellada, alternando fases de mucha actividad con otras de casi abandono. Y este ritmo ha hecho que muchas obras hayan permanecido abiertas casi una década, lo que suele implicar siempre problemas y retrasos en las certificaciones y pagos.

Cuando las mercantiles adjudicatarias presentan una reclamación por vía administrativa y las autoridades la rechazan por no estar de acuerdo, lo normal es que el asunto acabe en los tribunales. Fomento se enfrenta a 31 procesos litigiosos que están en marcha, de los que 8 se hallan todavía en fase administrativa previa a la judicial (6 de ellos son por incidencias en el contrato), mientras que otros 23 casos están ya pendientes de celebración de vista o sentencia. El importe que se exige en estos requerimientos dirigidos al Gobierno central es de 61 millones.

En caso de aceptarse los planteamientos de los promotores, el primer grupo de reclamaciones supondría un desembolso para las arcas públicas de 17,7 millones de euros, mientras que para las liquidaciones que han sido recurridas y están más avanzadas, el gasto total ascendería a 43,4 millones de euros. En el caso de las instituciones vascas, el número de las que se han cerrado con discrepancias asciende a 11. Ocho de ellas están en vía administrativa y 3, en los tribunales. Al contrario que Madrid, Lakua no ha querido desvelar el importe que está en juego, pero las fuentes consultadas aseguran que rondan los 20 millones de euros.

Los desencuentros entre constructoras y administraciones en el desarrollo de la 'Y' vasca han sido una constante desde el mismo momento en que comenzaron los trabajos, en el otoño de 2006. De hecho, tanto Adif (organismo dependiente de Fomento) como su entidad homóloga en Euskadi –Euskal Trenbide Sarea (ETS)–, que ejecuta el tramo guipuzcoano, cuentan con un servicio de asesoría jurídica y técnica para dirimir estos desacuerdos. Adif gastará medio millón de euros en los dos próximos años en estas labores para la 'Y' vasca y para las obras que ejecuta en el núcleo de Valencia.

Fuentes de Fomento precisaron que el porcentaje de éxito de los abogados que representan al Gobierno central ha sido muy elevado en los últimos años. Entre 2017 y 2021, hubo 14 procedimientos judiciales con sentencia dictada (algunas de ellas están pendientes de recurso). Se discutían indemnizaciones por importe de 55,8 millones de euros. Los jueces condenaron a la Administración a abonar 4,3 millones, lo que representa, aproximadamente, el 8% de las cantidades que estaban en disputa. «Tenemos un acierto del 92%, lo que evidencia que las posiciones de Adif se acompasan perfectamente a los criterios jurisprudenciales», valoran desde esta entidad.

En el caso de las instituciones vascas, las cantidades abonadas por este concepto desde 2017 ascienden a 16,6 millones de euros y se corresponden con 13 disputas. La litigiosidad ha crecido y, según las fuentes consultadas, la inflación y los problemas de suministro de materias primas en el sector de la construcción van a hacer que las empresas adjudicatarias intenten cuadrar «como sea» los presupuestos de las obras. Hablamos de trabajos que fueron, en algunos casos, adjudicados hace ya mucho tiempo.

Todo apunta a que las reclamaciones irán al alza, aunque también es verdad que se han tomado medidas desde la Administración para que las constructoras puedan sobrellevar el incremento de costes por la subida de las materias primas y otras dificultades, como la guerra de Ucrania.

En este sentido, se acaba de aprobar un decreto que da más margen al sector público para la revisión de precios en sus obras. El Gobierno Vasco, por su parte, tomó la decisión de que los presupuestos de las obras públicas puedan encarecerse hasta en un 20% con motivo de la imparable alza de las materias primas. El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, confió en una entrevista en este periódico publicada la semana pasada en que este incremento máximo acordado sea suficiente para cubrir los sobrecostes previstos.

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