El canon sobre vivienda deshabitada afectará a más de 5.300 pisos en Gipuzkoa
El Gobierno Vasco aprueba hoy el decreto que penaliza a los propietarios que mantengan más de dos años sus pisos vacíos
Los propietarios de más de 5.300 viviendas en Gipuzkoa deben empezar a pensar cómo darle utilidad a sus inmuebles si quieren evitar el canon ... que recaerá sobre ellos a partir de ahora. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto que penalizará a los dueños que mantengan durante más de dos años sus pisos cerrados sin una razón justificada. Y tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco en próximos días, comenzará el proceso para que los ayuntamientos identifiquen esos inmuebles, escuchar las alegaciones de los propietarios y determinar si deben pagar la sanción de 10 euros por metro cuadrado. O, incluso, están obligados a alquilar su inmueble si se encuentra en una zona de elevada demanda de vivienda pública o, en casos extremos, son objeto de expropiación.
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El nuevo reglamento desarrolla otro aspecto de la ley de Vivienda con el fin de velar por la «función social» de los pisos, y en ese sentido busca movilizar al máximo el parque de vivienda deshabitada que existe en Euskadi, un total de 34.068, de las que 15.146 llevan vacías más de dos años sin una justificación. En Gipuzkoa ese volumen es de 11.069 pisos vacíos, pero son 5.367 los que quedarían afectados por esta nueva normativa, en la que no entran ni las segundas viviendas, ni los inmuebles que estén en el mercado de alquiler o venta, ni los pisos desocupados porque sus dueños se hayan tenido que trasladar por motivos laborales o de salud (residencias u hospitalizaciones), o sean inmuebles de organizaciones sin ánimo de lucro o destinados a acoger temporalmente a personas en situaciones de necesidad.
En el Departamento de Iñaki Arriola defienden que es un texto «garantista», que solo intervendrá en la propiedad privada cuando se den unos condicionantes específicos. Más allá del canon, que podría llegar hasta los 30 euros anuales por metro cuadrado útil en caso de reincidencia, los casos de alquiler forzoso o expropiación se darán en zonas muy tensionadas por alta demanda de vivienda social o precios de alquiler un 10% por encima de la media del municipio.
Esta normativa llega después de varios años de preparación y de contraste en el Tribunal Constitucional de algunos de sus artículos, que fueron recurridos pero finalmente hace dos años recibieron el aval jurídico. Y en este periplo administrativo y judicial ha variado notablemente el número de viviendas vacías que pueden ser objeto de una medida sancionadora.
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Menos parque vacío
En concreto, el último informe sobre vivienda deshabitada en Euskadi revela que el número de pisos cerrados que serían «gestionables», es decir, que no están en el mercado pero podrían movilizarse, ha disminuido un 23,9% en dos años. En 2019, según la radiografía publicada el pasado octubre por el Observatorio Vasco de Vivienda, había 34.068 viviendas cerradas en Euskadi. Pero de ellas, solo en 26.207 casos no se debía a traslados obligados de sus ocupantes -dos años antes esa cifra ascendía a 34.466-. Entre estas últimas, más de la mitad, 15.146, llevaban más de dos años cerradas, el requisito para entrar en el radar de esta nueva herramienta del Departamento vasco. En Gipuzkoa, son 9.377 viviendas las que podrían «gestionarse» para el alquiler, 2.300 menos que en 2017, aunque solo 5.300 de ellas llevan más de dos años sin inquilinos.
Este volumen supone un 1,4% del parque total de vivienda en la CAV, y se concentra principalmente en los municipios con menor población. La elevada demanda de pisos en las capitales o en las áreas metropolitanas parece que anima a los propietarios a alquilar o vender sus viviendas. En Donostia, por ejemplo, solo en el 4,1% de las que están cerradas no parece haber motivos justificados.
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Ese último informe de vivienda también se fija en el estado en el que están dichos pisos. Si se encuentran como para 'entrar a vivir' o no. Y la radiografía muestra que hay un poco de todo. Solo el 15,7% de los pisos que llevan más de dos años sin moradores tienen «una habitabilidad perfecta», el 27,7% requiere «pequeñas mejoras» y un 33% necesita una reforma completa para poder tener casa.
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