La administradora concursal reclama a Izaguirre 210.000 euros

En concreto, lo hacía supuestamente a través de dos filiales de la DYA en aquella otra comunidad: Emerplus y Global Formación Plus. Estas empresas gestionaban el centro de adiestramiento de Can Padró, una instalación por la que la entidad benéfica abonó varios millones de euros a Eulen y por la que todavía adeuda 4,6 millones de euros.

Según la querella, desde estas empresas catalanas participadas por la DYA, Izaguirre y sus socios desviaron enormes cantidades de dinero a otras empresas en las que ya sólo figuraban como administradores el propio exportavoz del PNV de Galdakao y un empresario catalán que también ha sido señalado como uno de los responsables de las supuestas irregularidades.

Se da la circunstancia de que Emerplus y Global Formación Plus entraron en concurso de acreedores tras la llegada de la nueva junta directiva. En este caso, este proceso mercantil ya está supervisado por una administradora concursal. Al contrario de lo que ocurre con la DYA, que persigue garantizar su continuidad, la causa abierta en los juzgados para estas dos compañías está dirigida a su liquidación. Y ha sido entonces cuando se han conocido otra serie de supuestas irregularidades cometidas durante la gestión del exdirector de Emergencias del Gobierno vasco.

Según las fuentes consultadas por EL CORREO, la administradora ha reclamado a Izaguirre que devuelva casi 210.000 euros de sueldos que percibió de Global Formación Plus y de un prestamo de 7.000 euros que la compañía le realizó y que no devolvió. Le pide que los entregue -según los mismos medios- porque para el cargo de administrador de la compañía no estaba prevista remuneración alguna. Izaguirre ganó unos 80.000 euros en 2019; unos 100.000 en 2020 y cerca 25.000 en 2021, año en el qu dejó la DYA para hacerse cargo de la dirección de Emergencias del Gobierno vasco. Según los mismos medios, Izaguirre ganó más de 421.000 euros en sueldos en esas dos firmas catalanas.

A mediados del pasado junio, en plena investigación judicial de su gestión al frente de la DYA, el expresidente solicitó formalmente su reincorporación a las empresas catalanas, con las que tenía contratos laborales. Los estatutos de la entidad benéfica prohíben a sus directivos cobrar un sueldo.