El Gobierno Vasco tramita 57 desahucios de pisos sociales por «impago sistemático» del alquiler

Tan solo durante el primer trimestre de este año, el Gobierno Vasco ha presentado 57 demandas de desahucio en el parque público de alquiler, que ronda los 17.700 pisos en los tres territorios históricos en sus diferentes modalidades. De todos esos expedientes, dos ya se han materializado con la expulsión de los inquilinos, una drástica solución que a uno de ellos en particular se le aplicó porque se incurría en «un impago sistemático y no justificado de la renta». Aunque, en realidad, ese supuesto está detrás de «la mayoría» de los demás procedimientos incoados por la Administración vasca que todavía no se han cerrado.

Así lo recoge una respuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales a una pregunta del grupo socialista en el Parlamento Vasco. La consejería dirigida por Ángel Toña -en una nota de prensa que hizo pública ayer- concreta al respecto de esta cuestión que, entre las 57 reclamaciones de desalojo planteadas de enero a marzo pasados, 19 corresponden a inmuebles directamente gestionados por la viceconsejería de Vivienda; y en uno de esos casos concretos el denunciado ya está en la calle.

Los motivos por los que la Administración vasca decide iniciar estos trámites tan expeditivos -lo hace desde hace tiempo- suelen ser bastante parecidos. «Por ejemplo, contar con ingresos suficientes y no destinarlos al pago de la renta», detalla el Departamento de Empleo. También hay supuestos de desahucio cuando el beneficiario del alquiler social incumple los compromisos de pago a los que ha llegado con la Administración. Igualmente hay episodios en los que un beneficiario que, además de haber recibido un piso social, cobra un subsidio para pagarlo, llega al extremo de dedicar ese dinero «a otros fines».

Otro grupo de expedientes de desalojo (en concreto 38) lo ha puesto en marcha Alokabide, un organismo autónomo que gestiona, por un lado, un paquete de viviendas propiedad del Gobierno Vasco y, por otro, los pisos particulares movilizados para el alquiler dentro del programa Bizigune. En uno de esos casos, el inquilino entregó las llaves y de ese modo, según la Consejería dirigida por Ángel Toña, «recuperó la posesión de la vivienda». A otro beneficiario de Bizigune ya lo han desalojado.

Pisos de titularidad pública

Estas intervenciones se inscriben en la ronda de revisiones y controles que el Gobierno Vasco hace regularmente entre los pisos de titularidad pública. Respecto al parque protegido pero en propiedad, que son unas 77.000 viviendas en Euskadi, durante el primer trimestre pasado se tramitaron 2.419 expedientes por uso indebido o irregularidades en otros tantos domicilios de la comunidad autónoma (también se contabilizaron 49 procedimientos que venían del año pasado y acabaron con multas de 8.400 euros).

La formación socialista en el Parlamento Vasco realizó otra pregunta en el marco de este tema. En respuesta al PSE-EE, el Ejecutivo de Urkullu explicó que, previamente a esas sanciones, se comprueban los consumos de luz y agua, o el empadronamiento, a fin de verificar que la casa está ocupada por el titular.

De los 2.419 expedientes abiertos en el presente año, 92 de ellos se realizaron en el territorio de Gipuzkoa, la mayoría de ellos en el municipio de Oiartzun. A su vez, un total de 1.705 corresponden a Bizkaia: en Bilbao, Mungia, Abanto y Portugalete, principalmente. Finalmente, otros 622 se llevaron a cabo en Vitoria.