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La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre Illarra no va a requerir una modificación de la ordenación urbanística ... de este ámbito ubicado entre Berio e Igara, pero sí una adaptación a lo dictado por los jueces. Los responsables de Urbanismo respondieron ayer en comisión que esperan que esta adecuación esté culminada en unos meses. El proyecto deberá subir los porcentajes de vivienda pública hasta el 75%, frente al 40% previsto antes del fallo judicial, con lo que la operación edificará 185 viviendas protegidas (135 sociales y 50 tasadas) y 65 libres.
El TSJPV estimó parcialmente el recurso presentado por la asociación de vecinos del barrio de Lugaritz-Aiete-Ibaeta contra la modificación del Plan General que redensificaba estos ámbitos con más viviendas y trasladaba de unas parcelas a otras los estándares de zonas verdes exigidos por ley. El principal correctivo que la sentencia aplicaba al planeamiento municipal tiene que ver con la consideración de Illarra como un suelo urbanizable, no como suelo urbano, lo que conlleva la aplicación de una proporción del 75% de vivienda protegida (55% sociales y 20% tasadas) y no del 40% (20% sociales y 20% tasadas) como estaba prevista por el proyecto municipal.
La interpelación presentada ayer por la concejala de Elkarrekin Arantza González buscaba aclarar cómo se va a realizar esta adaptación del planeamiento a la sentencia y qué repercusiones económicas va a conllevar dado que en los Presupuestos municipales de este año hay una previsión de ingresos de 11 millones de euros por una operación que va a cambiar sustancialmente al contar con menos vivienda libre.
Tanto la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus (PNV), como el director del departamento Jon Chávarri, explicaron que la sentencia, aunque no se comparta se va a acatar, y no se va a recurrir en casación porque el recurso se tendría que hacer ante el TSJPV, no ante el Supremo, al ser una normativa autonómica y no una nacional la que está en el fondo de la cuestión, y tendría «pocas posibilidades de prosperar».
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Arzallus y Chávarri respondieron a Elkarrekin y a EH Bildu que no será necesario realizar una modificación del PGOU para adaptar el planeamiento a lo dictado en la sentencia, sino simplemente una «adaptación» de su contenido, un documento que ahora es analizado por el Departamento de Urbanismo junto con los promotores del proyecto.
Una de las cuestiones más polémicas, tanto de la sesión de ayer en la comisión de Urbanismo como en el debate sobre la manera de actuar del ejecutivo local desde que se conoció el fallo del TSJPV, fue el motivo por el que se han mantenido en los Presupuestos Municipales 2025 una previsión de ingresos de 13 millones de euros por Illarra cuando «se sabe que no se van a poder ejecutar» al cambiar la proporción de vivienda libre y protegida. El concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran y la concejala del PP Vanesa Vélez pidieron explicaciones por esta forma de proceder cuando es evidente que el Ayuntamiento no va a poder recibir esa cantidad económica cuando se revalúen ingresos y gastos.
Los responsables de Urbanismo respondieron que cuando se conoció la sentencia no se sabía si se iba a presentar recurso o no y cuando hubo que aprobar los Presupuestos había que echar mano de una valoración económica en base a la documentación que existía que era la de «la actual reparcelación de 2023».
Urbanismo cree que «en dos ó tres meses» puede estar completado el documento de adaptación a la sentencia y posteriormente se tendrá que aprobar una nueva reparcelación económica, a la vista de la modificación de la proporción de vivienda libre y vivienda protegida.
El proyecto de urbanización existente «es válido» y no habrá que cambiarlo. «Teníamos hasta las licencias para empezar a construir», explicaron después de la comisión los responsables de Urbanismo. La previsión es que la segunda fase de Illarra –en la primera fase se construyeron 135 viviendas– pueda comenzar a edificarse este mismo año.
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