El TSJPV tumba, por falta de pruebas, el recurso de Áncora por el derribo del Bellas Artes y varias villas

En la sentencia, a la que ha tenido acceso DV, la sala aborda la cuestión de si el documento era una auténtica revisión del plan o una simple modificación puntual. La conclusión es que la elección de acudir a la revisión fue adecuada al incluirse un «nuevo criterio de catalogación» –la valoración paisajística–, además de por lo «extenso de las construcciones afectadas».

Sobre la alegación de «arbitrariedad y desviación de poder» esgrimida por Áncora, el tribunal argumenta que se trata de una «invocación genérica» que no pone en evidencia –«al menos un indicio»– la voluntad «torcida» del consistorio, más allá de «deslizar interés económico» o en el desarrollo urbanístico de determinadas parcelas. También advierte de que en el expediente administrativo «existen informes del equipo técnico que justifican la decisión de inclusión o exclusión adoptada» de cada elemento arquitectónico, y califica de «buena muestra de ello» el «pormenorizado» informe pericial aportado por el Ayuntamiento.

En relación con la protección del Bellas Artes, para el que la asociación solicitaba un grado superior, la sala pone de manifiesto la «escasa actividad probatoria» de la recurrente, que no aporta informe pericial, a diferencia de la parte demandada, que sí lo aporta, lo cual es de «absoluta relevancia». La sentencia señala que la protección otorgada al antiguo cinematógrafo está «arropada» tanto por los informes técnicos municipales del equipo redactor del Peppuc como por las respuestas a las alegaciones y por la propia prueba pericial presentada al procedimiento.

Sobre las restantes impugnaciones –Aldamar 1 y 3, Villa Celayenea; y Villa Villalba–, el TSJPV subraya que las consideraciones de la demanda no están «corroboradas ni contrastadas» por prueba alguna, por lo que debe tenerse por «válido» el contenido de la revisión del catálogo municipal de patrimonio. El TSJPV impone las costas del juicio a Áncora con el límite de 1.500 euros y recuerda que ante este fallo cabe interponer recurso de casación.

La sentencia ha sido favorable en esta ocasión a los intereses del consistorio, que el pasado mes de julio vio cómo el mismo tribunal aceptaba un recurso de Vox y obligaba a conservar las fachadas principales de dos edificios de los cuarteles de Loiola, lo que convirtió en papel mojado el acuerdo de compraventa con el Ministerio de Defensa que estaba a punto de cerrarse.

Por fortuna, ambas instituciones han sabido reconducir la operación y a mediados de noviembre pudieron anunciar que la ciudad adquirirá los terrenos por 72 millones de euros. El objetivo del gobierno municipal es construir en esta parcela un nuevo barrio con alrededor de 1.700 viviendas.

En cuanto al Bellas Artes, continúan los trabajos de reforma para convertirlo en un hotel de la cadena Hilton. La fachada permanece arriostrada y será objeto de algunas modificaciones autorizadas en el Peppuc. El establecimiento tendrá 82 habitaciones, entre ellas 8 suites –además de un espacio para reuniones, un gimnasio y un bar y restaurante– y prevé abrir sus puertas en 2024.

Villa Celayenea, la última sobre la que Áncora ha levantado la voz, tiene licencia de derribo que se ejecutará próximamente, y del edificio Aldamar se mantendrá la piedra de sillería de la planta baja.