El Supremo anula la protección especial de los cuarteles de Loiola que ordenó el TSJPV a instancias de Vox

Fuentes del Ayuntamiento donostiarra han señalado este lunes tras conocer el fallo que esta resolución «no tiene incidencia» en el desarrollo urbanístico previsto en esos terrenos, que deberán ser desalojados por el Ejército antes de cuatro años y donde se proyecta levantar un nuevo barrio con 1.700 viviendas, todas de protección pública (VPO y tasadas). El motivo es que el propio consistorio decidió ya en su día mantener las fachadas de ambos edificios como parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad y destinarlos a equipamiento público.

Lo que ha hecho el Alto en Tribunal en realidad es anular la sentencia del TSJPV por una cuestión de forma, sin entrar en el fondo de si estas estructuras merecen tener o no una protección especial. Fuentes consultadas explican que la anulación se basa en que «durante el juicio sobre este caso no compareció la representación del Estado –propietario del inmueble–, por lo que el Supremo entiende que el TSJPV no debería haber dictado sentencia en esas condiciones».

Así que en su fallo, fechado el 7 de julio, el Supremo ha decidido devolver el proceso judicial «al momento en que debió haber comparecido el Estado en el procedimiento». La supresión de la protección especial no es, por tanto, definitiva.

El TSJPV estimó en parte hace ahora tres años una demanda interpuesta por Vox para proteger los cuarteles de Loiola en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (Peppuc) de la capital guipuzcoana, lo que suponía incluir los cuarteles en el catálogo municipal de patrimonio. El fallo provocó la inmediata interrupción de las negociaciones que en ese momento mantenían el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián para la compraventa de los terrenos.

No obstante, el Ayuntamiento decidió posteriormente asumir el mantenimiento de los dos edificios afectados en el futuro barrio y las negociaciones se retomaron.

De hecho, San Sebastián y el Ministerio de Defensa –a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied)– tienen previsto firmar mañana la compraventa de los terrenos, por los que Donostia abonará al Estado 73,3 millones de euros.

Una vez que esas parcelas pasen a ser propiedad de San Sebastián, el Ejército dispondrá de cuatro años para desalojar esos terrenos y trasladarse a una nueva ubicación.

El nuevo barrio se levantará sobre una parcela de 17,5 hectáreas, en las que se aumentará la capacidad habitacional de la capital de Gipuzkoa con 1.700 nuevas viviendas, todas de protección pública y, por lo tanto, con prioridad para ciudadanos de la propia Donostia, toda vez que está previsto que antes de fin de año se apruebe un cambio legislativo en Euskadi que establece que para poder acceder a una VPO hay que llevar empadronado un mínimo de tres años en el municipio (ahora se exige solo uno).

Se trata de la operación urbanística más importante que se plantea en la capital de Gipuzkoa en los próximos años, a la espera de cómo evolucione la de Auditz Akular, que acogería más de 3.000 viviendas pero requiere procesos y plazos más largos.