La retirada de tarjetas de estacionamiento para discapacitados por fraude se duplica en un año

Estas autorizaciones sirven para estacionar de forma gratuita en los lugares señalados al efecto –en Donostia se indican las plazas con pintura amarilla en el suelo, además de una señal vertical en el lugar– por un plazo de 24 horas. Pasado este tiempo, no se puede volver a aparcar en el mismo sitio hasta 12 horas después. Pero, ademas, los titulares de las tarjetas pueden aparcar en lugares de estacionamiento prohibido durante el tiempo indispensable y con algunas excepciones. En San Sebastián, por ejemplo, se permite estacionar en zonas de residentes (máximo una hora y media) y también aparcar, con pago de tarifa 2, en las plazas no reservadas de la zona regulada.

Los agentes de Movilidad y la Guardia Municipal realizan un control continuo del uso correcto de estas tarjetas, que son expedidas por los ayuntamientos. Solo en la ciudad de San Sebastián hay 3.099 distintivos de este tipo concedidas y en vigor, pero en las plazas reservadas pueden aparcar los titulares de las mismas concedidas por otros ayuntamientos. Las tarjetas tienen 5 años de vigencia y hay que renovarlas siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa.

Para poder ser titular de estos permisos hay que cumplir una serie de requisitos de discapacidad, incapacidad total, absoluta o gran invalidez, dependencia o enfermedad neurodegenerativa, avalados con dictámenes de la Diputación, informes de Osakidetza o resoluciones de la Seguridad Social, dependiendo de la causa de discapacidad.

Las tarjetas son «únicas, personales e intransferibles» y solo pueden ser utilizadas «cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él». El distintivo se debe colocar en el parabrisas delantero, de modo que su anverso sea legible desde el exterior y «debe permitirse su examen por la autoridad competente cuando así lo requiera». Es lo que dice la normativa, pero al parecer las irregularidades en el uso de estas tarjetas van en aumento. Movilidad afirma que no se ha llevado a cabo una campaña específica contra este tipo de irregularidades. Los datos responden, por tanto, al control ordinario que se efectúa en la calle tanto por los agentes de Movilidad como por los de la Guardia Municipal.

Según estos datos, en todo el año 2022 se retiraron por su mal uso 168 tarjetas y este año, hasta el momento, ya van 281. Si hacemos una extrapolación de los diez primeros meses al conjunto del año, son el doble que el pasado ejercicio.

El principal motivo de retirada de las tarjetas (75% de los casos) se debe a que la persona discapacitada no ha usado el vehículo sino que lo ha hecho otra persona en su lugar. Le siguen los casos en los que el plazo de vigencia de la tarjeta ha caducado y no se ha renovado, los casos de mostrar una fotocopia y no la tarjeta original, los de fallecimiento del titular y, en último lugar, los casos de manipulación de la tarjeta. Fuentes del departamento de Movilidad explican que hay casos de concurrencia de varios motivos. Es decir, que la persona titular no solo no era la que usaba el vehículo, sino que había fallecido y, además, la tarjeta estaba caducada. Solo el 16,3% de las tarjetas retiradas habían sido expedidas por el Ayuntamiento de San Sebastián. El resto (83,7%) fueron tramitadas en otros municipios.

Los agentes en su patrulla ordinaria comprueban si el estacionamiento en las plazas de discapacitado es correcto. En caso de uso indebido de la tarjeta, el agente procede a interponer la correspondiente denuncia. Es una sanción grave que se castiga con 200 euros de multa, que se queda en 97 euros por pronto pago. El documento retirado y el informe se trasladan al área administrativa de Movilidad. Las tarjetas no municipales se envían al ayuntamiento que corresponda. En el caso de las tarjetas expedidas por el Ayuntamiento donostiarra, su retirada por uso indebido es por seis meses o un año.