El recurso a la sentencia de la villa de Igeldo «evita potenciales derribos e indemnizaciones»

El caso de la villa construida en Txalin (Igeldo) cuya licencia ha sido declarada ilegal por un juzgado donostiarra llegó este jueves al Pleno mediante dos mociones de control presentadas por EH Bildu y Elkarrekin. La primera de ellas instaba al gobierno municipal a «acatar» la sentencia y dar cumplimiento a lo resuelto en ella, pedía que Urbanismo diese respuesta a una denuncia de los colectivos de Igeldo que aseguran que la casa ha girado 27º de orientación respecto de la posición que figuraba en los planos, reclamaba «restituir la legalidad urbanística» y reclamaba asegurar la forma de que las construcciones que se autoricen en suelo no urbanizable «se ajusten a la tipología de construcciones tradicionales». La moción de Elkarrekin instaba al ejecutivo a responder a la denuncia presentada en noviembre de 2022 sobre el cambio de orientación de la casa y le pedía al gobierno municipal defender los «intereses generales de los donostiarras» y hacer todo lo que esté a su alcance para «evitar tener que pagar costes de derribo e indemnizaciones» si finalmente se confirma que la licencia es contraria a derecho.

La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus (PNV), recordó que la licencia se otorgó antes de ser ella concejala, pese a lo cual «defiendo la licencia por el deber de defender la actuación municipal. Creemos en la profesionalidad y en los criterios de las personas que forman parte de esta administración, como deberían hacer ustedes y no como siempre hacen extendiendo una nube tóxica y de sospecha sobre este Ayuntamiento».

Indicó que «las sentencias se acatan cuando son firmes», no cuando son recurridas, en este caso tanto por el Ayuntamiento como por el propietario de la parcela. «El Ayuntamiento ha defendido que se ha respetado la legalidad urbanística en las obras denunciadas por lo que no se debe llevar a cabo restitución alguna mientras el asunto esté pendiente de sentencia firme». La presentación del recurso es además, a juicio de Arzallus, «la forma de evitar potenciales derribos e indemnizaciones».

Precisó que al estar el asunto judicializado carecía de sentido responder a la denuncia formulada por las asociaciones de Igeldo «cuando este Ayuntamiento ya se ha pronunciado expresamente sobre todos y cada uno de los argumentos planteados en el marco del procedimiento judicial». Reprochó a los grupos de la oposición que no haya presentado «ni un solo argumento ni justificación» para que el Ayuntamiento tenga que acatar la sentencia. Las dos mociones de control fueron rechazadas por PNV y PSE, con el apoyo en algunos puntos del PP.