La funcionaria investigada por una licencia irregular a un bar de San Sebastián denuncia «calumnias» e «indefensión»

La jefa del servicio jurídico-administrativo del área de Actividades del Ayuntamiento de San Sebastián, que gestiona las licencias de los establecimientos de hostelería, ha enviado una carta a los grupos municipales y a varios departamentos de la administración en la que denuncia «indefensión», critica las «injurias y calumnias» vertidas contra su persona y lamenta que los responsables políticos que han trabajado con ella no le hayan defendido.

La funcionaria es objeto de una investigación interna auspiciada por la Dirección Jurídica del Ayuntamiento tras haber llegado a los juzgados una denuncia por una licencia contraria a la legalidad avalada por sus informes en la que se da autorización de bar a una heladería del Muelle (bar Ostertz, ahora Kantina Kaia), una zona declarada como saturada de actividades hosteleras, en un expediente en el que interviene como asesor del establecimiento el hijo de la empleada pública investigada.

Desde 1989 este negocio había funcionado dentro de la categoría 1 (cafetería-heladería), pero con el cambio de propietarios quiso en 2020 dar el salto a la categoría 2, (grupo en el que se permite vender alcohol), reconociendo que vendía alcohol desde 1989. El bar tramitó una comunicación previa de actividad con un informe del hijo de la funcionaria que trabaja en un despacho privado.La asociación Parte Zaharrean Bizi recurrió esta licencia y pidió al Ayuntamiento que inspeccionase el caso. Urbanismo desestimó la petición, pero al llegar a los tribunales, la Secretaría Jurídica del Ayuntamiento tomó cartas en el asunto, ordenó la revisión de la licencia y consideró necesario investigar la actuación de la funcionaria.

Esta veterana empleada municipal envió el pasado viernes un correo electrónico a los grupos municipales y a los funcionarios de varios departamentos en la que afirma que «nunca he concedido ninguna licencia ni he usurpado las funciones atribuidas» a la concejalía y se pregunta «qué beneficio están sacando» los dos últimos concejales de Urbanismo, «permitiendo, tolerando o silenciando semejante calumnia».

Afirma que en el caso del bar del Muelle se han aplicado «los criterios establecidos por lo menos desde 2008» que tenían «el refrendo del anterior secretario general» del Ayuntamiento. «Varias licencias de actividad informadas siguiendo tales criterios fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local sin informe alguno de ilegalidad», asegura.

El servicio de Actividades, «conmigo a la cabeza», prosigue, «se ha limitado, como no puede ser de otra manera, a seguir las pautas, instrucciones y criterios establecidos por los políticos» que lo han dirigido, entre quienes se encuentran «tanto el sr. Burutaran como la sra Arzallus, ambos licenciados en derecho y plenos conocedores de los mismos, por lo que no sé qué pretenden conseguir con esta polémica, que supone el desprestigio tanto de la institución como de ellos mismos y, por su puesto, el mío».

Denuncia que la investigación a su persona «prácticamente no ha empezado» ya que todavía no se ha nombrado instructor ni secretario del expediente. En su opinión, «habiendo transcurrido tanto tiempo, me tenían que haber dado ya la oportunidad de defenderme y la responsable política del área debía haber desmentido de manera tajante y rotunda las calumnias e injurias vertidas contra mi persona» y «haber defendido la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho o, por lo menos, otorgarme un voto de confianza después de estar trabajando con ella codo con codo durante casi seis años».

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