Donostia apremia a la Diputación a elaborar el índice de precios de referencia de alquiler

La moción ordinaria incluía las demandas de las plataformas Stop Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora para que se den los pasos necesarios para que el Gobierno Vasco pueda declarar San Sebastián como zona tensionada por los precios de la vivienda. Uno de los trámites pendientes es precisamente la publicación de este índice de precios de referencia, que determinará las rentas máximas que pueden fijarse para los pisos en alquiler.

EH Bildu y Elkarrekin han criticado al gobierno municipal por intentar «descafeinar» su moción con la enmienda presentada, que a su juicio «rebaja la presión sobre la Diputación», institución que debe elaborar el índice de precios. Incluso el portavoz abertzale, Juan Karlos Izagirre, ha propuesto una corrección 'in voce' del texto de la enmienda de PNV-PSE para eliminar de la misma el párrafo que, después de «a la mayor brevedad posible», dice «y en su caso, en el momento de la publicación en el Boletín Oficial junto con la orden del Gobierno Vasco que declare San Sebastián municipio tensionado».

La coalición que gobierna el Ayuntamiento no ha aceptado este cambio porque, según ha explicado el concejal del PNV Kerman Orbegozo, «la Diputación ya está trabajando en ello en la medida de sus posibilidades». Pese a esta negativa, tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos han votado finalmente sí a la enmienda «por responsabilidad más que por interés político». «Se ha hecho lo que se ha podido», se ha disculpado Izagirre con las tres plataformas ciudadanas, presentes en el Salón de Plenos con carteles de protesta.

El PP ha justificado su no a la moción por lo sucedido en Cataluña, primera comunidad autónoma en aplicar límites a los precios del alquiler. «La experiencia fue un desastre. Según se refleja en un informe de Esade, solo se redujo el precio de las viviendas más caras y subió el de las más baratas, descendió el número de contratos firmados y desplazó viviendas del mercado de alquiler al de venta. ¿Acaso cree el PNV que las cosas van a ser distintas en Euskadi?», ha argumentado el portavoz popular, Borja Corominas.

La socialista Ane Oyarbide ha subrayado por su parte que «estamos de acuerdo con el espíritu de la moción y nuestra enmienda mejora el texto al introducir la clave de la colaboración interinstitucional para que la declaración de zona tensionada se haga efectiva a la mayor brevedad posible. No se resta presión a la Diputación».

El jeltzale Orbegozo ha añadido que cuando se aprobó la ley estatal que permite limitar el precio de los alquileres ya se advirtió de que «habría dificultades para ponerla en marcha aquí por la singularidad de que la competencia es de la Hacienda foral, no de la Agencia Tributaria. Eustat dispone ya de los datos y ahora está recabando otros como población, censo, alquileres... No con la celeridad que desearíamos, pero sí se está haciendo».

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, ha lamentado que «falta voluntad real» para poner en marcha la zona saturada y ha replicado al popular Corominas que existen «miles de estudios que confirman que el mercado libre se ha llevado por delante el derecho a la vivienda».

El texto definitivo que ha obtenido el apoyo mayoritario de la corporación dice lo siguiente: «El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a la Diputación Foral de Gipuzkoa a continuar trabajando, en colaboración con todos los agentes institucionales competentes, en la elaboración de un índice de precios de referencia del alquiler que pueda estar operativo a la mayor brevedad posible, y en su caso en el momento de la publicación en el Boletín Oficial junto con la orden del Gobierno Vasco que declare San Sebastián municipio tensionado».

La moción original de EH Bildu y Elkarrekin, por contra, decía que «el Pleno insta a la Diputación a que traslade toda la información necesaria a las autoridades competentes para que, una vez que Donostia sea declarada zona tensionada, pueda aplicar el precio máximo para los alquileres de la ciudad, así como el resto de medidas contenidas en la legislación que regula la citada zona tensionada».