Asociaciones de Igeldo exigen la demolición del chalet «ilegal» y la restitución de la zona

Esta denuncia se dio a conocer el lunes y el Ayuntamiento emitió un comunicado, que reiteró posteriormente el alcade Eneko Goia, asegurando que el Ayuntamiento «otorga las licencias urbanísticas conforme a la legislación y a la normativa municipal». Por lo que respecta al emplazamiento del nuevo edificio, que originariamente era un caserío en Martutene expropiado por las obras del TAV, Goia explicó que «hay que tener en cuenta que el artículo 30.2 de la Ley 2/2006 lo único que exige en estos supuestos es que la reconstrucción se realice en suelo no urbanizable que no sea de especial protección. La ley no introduce ninguna otra limitación». El regidor indicó que «el resto de aspectos a los que se refieren las demandas están siendo analizados por los servicios jurídicos, que en estos momentos están preparando la contestación a la demanda en el plazo que se le ha otorgado».

Los demandantes han criticado que el Ayuntamiento haya dado luz verde para construir un «inmenso chalet con piscina en ausencia de informes preceptivos municipales, vacíos legales y por vía de excepcionalidad». Todo ello, a su juicio, en el marco de una «sorprendentemente deficiente tramitación municipal que acumula numerosas irregularidades». Los convocantes han recordado que el origen está en la expropiación de un caserío en Martutene. El ayuntamiento autorizó a los propietarios del inmueble expropiado a que su vivienda fuese reconstruida «en una de las mejores zonas de suelo rural de Igeldo» mediante lo que considean una «excepción»: el artículo 30 de la Ley del Suelo, que permite reconstruir por caso de expropiación en suelo no urbanizable sin necesidad de explotación agraria aparejada. «Pero el mismo articulado de la ley exige que todo ello debe ser apropiada y necesariamente justificado e informado. No existe informe municipal alguno de la dirección de Urbanismo que justifique la autorización para reconstruir un caserío de Martutene en una de las mejores ubicaciones de Igeldo: se pasa por lo alto esta exigencia en forma de cheque en blanco», han criticado.

Así comienza el proyecto de construcción en una parcela, con vistas al mar, que, según han asegurado, «casualmente no pertenece a los propietarios del caserío, sino a una empresa inmobiliaria». En lo que han califado de «una hábil maniobra especulativa, la licencia de construcción es comprada a los propietarios de Martutene por 419.00 euros y, después, revendida a una segunda sociedad por 700.00 euros», siempre según los demandantes.

Según representantes de Haritzalde Naturzaleen Elkartea, el Ayuntamiento concedió inicialmente una licencia para reconstruir un caserío «por la vía de excepcionalidad», pero «lo que el Ayuntamiento realmente ha permitido construir en la faldas de Txalin es un inmenso chalet moderno con piscina infinity, también ilegal, y vistas totales al mar, en una maniobra de compraventa en la que se ha hecho uso del título expropiativo para construir donde no se podría bajo ningún concepto, construir», han denunciado. A su juicio, el Ayuntamiento «ha sentado antecedentes para crear una bochornosa y muy preocupante vía de especulación» a la vista de todos los ciudadanos.

Los demandantes también han ofrecido cifras. «El presupuesto de la vivienda inicial era de 419.000 euros y la que se ha construido tiene un presupuesto de 1.250.700 euros; a los que hay que sumarle los 700.000 euros de la licencia», han asegurado. Y han criticado que mientras el caserío de Martutene tenía una superficie residencial de 406,8 m2 y carecía de sótano el Ayuntamiento ha autorizado la construcción de una vivienda de 1.145 m2 con sótano.

Otra de las irregularidades que han denunciado es que el Ayuntamiento concedió «dos licencias ilegales previas en los que los proyectos sitúan el chalet o presunto caserío en un lugar diferente al que finalmente se ha construido», por lo que consideran que carece de licencia municipal «que avale la ejecución». Los demandantes consdieran que las anteriores licencias se han concedido en una parcela «que carecía de preceptivo acceso para autorizar cualquier proyecto, contraviniendo la ley. Nos sorprende mucho de que nadie en urbanismo se diera cuenta de ello y este insalvable escollo a la tramitación fuera nuevamente sorteado con una ausencia de otro informe que también hubiera declinado la licencia de construcción».

Respecto al acceso a la parcela, interpretan que se está «ocupando, usurpando y haciendo uso» de una vía municipal que da paso al depósito municipal de aguas «sin autorización o concesión oficial alguna», en la que «los propietarios han colocado una puerta a la entrada de la vía municipal que conduce a esta estación de aguas». Siempre según las asociaciones que han demanado al Ayuntamiento, existe un informe del Servicio Municipal que recoge «que no ve adecuado construir la casa tan cerca del depósito porque entorpecería la posibilidad de ampliar el depósito en el futuro».

Sobre la «arquitectónica piscina» orientada al mar construida junto al chalet consideran que entra «dentro de otras de las ejecuciones ilegales» que «no han sido objeto de inspección ni sanción por el ayuntamiento durante la obra, a sabiendas de que es una construcción no legalizable en suelo no urbanizable que no es adecuado para usos o actividades de contenido o fin urbanístico salvo los ligados al uso agropecuario».

Según los demanantes, hay «otras irregularidades» en el expediente llamado 'Reconstrucción del Caserío Goiatz Berri'» y han reiterado su crítica a que el artículo 30 de la Ley del Suelo «se utilice en forma de cheque en blanco y para la especulación», algo que les «preocupa mucho» por «el camino que pueda abrir». «Según la teoría del Ayuntamiento de Donostia, cualquier caserío expropiado puede ser construido en suelo rural no protegido a discreción, y en la mejor zona litoral del País Vasco y eso es intolerable. Queremos proteger los terrenos de Igeldo y también de otras zonas del País Vasco, en extensión», han afirmado. Este no es un caso «aislado», ya que según han subrayado ha habido «obras ilegales» en Igeldo con anterioridad.

En el caso del chalet, han pedido la suspensión de las obras de Txalin, la demolición del chalet ilegal y la restitución total de la zona, además de que se anulen dichas licencias concedidas por el Ayuntamiento y explicaciones públicas al resto de responsables.