El Ayuntamiento disuelve la unidad que vigila los pisos turísticos por la pandemia y la falta de agentes
La Guardia Municipal continuará realizando la labor de control de una actividad que apenas registra ya irregularidades
En sus dos primeros años de vida tras su creación a finales de 2017, la brigada de la Guardia Municipal encargada de velar por ... que las viviendas turísticas cumplieran la legalidad llegó a tramitar un expediente de cierre de este tipo de alojamientos al día. En ese periodo se clausuraron cerca de 750 viviendas y habitaciones de uso vacacional frente a las 1.200 que se llegaron a legalizar y que a día de hoy hay consolidadas en Donostia.
Sin embargo, este 2021 en el que todavía se padecen los efectos de la pandemia, este mismo cuerpo de vigilancia apenas ha tenido que llevar a cabo 56 intervenciones en esta clase de pisos, de los que solo algunos de ellos habrán tenido que cerrar.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Ibabe, dio cuenta ayer de esta realidad en la Comisión de Servicios Generales celebrada en el Ayuntamiento, en la que explicó que en este contexto la Unidad de Mediación y Atención Comunitaria (UMAC) de la Guardia Municipal, como se denominaba oficialmente este equipo de vigilancia, ha dejado de existir y su función se seguirá desempeñando dentro de las tareas de la policía local.
Los dos primeros años la brigada llegó a tramitar un expediente de cierre al día; en este 2021 las intervenciones son solo 56
«La situación pandémica ha conllevado destinar recursos ingentes para cumplir con la nueva normativa establecida, y a ello se suman las limitaciones de personal que tenemos, algo que ocurre en todos los municipios, no solo en Donostia», señaló el delegado jeltzale en respuesta a la interpelación realizada por Elkarrekin Donostia para conocer los motivos por los que se ha disuelto esta unidad.
La concejala de la formación morada Haizea Garay denunció que ello pueda suponer una mayor proliferación de viviendas turísticas en situación irregular y que se esté destinando efectivos «a desarrollar una campaña de imagen corporativa» en referencia a las unidades móviles colocadas este verano en los paseos de La Concha y Zurriola.
Ibabe negó la mayor y aseguró que la detección de este tipo de pisos se seguirá realizando por parte de agentes de la Unidad de Control de Ordenanzas Municipales (UCOM). «La Guardia Municipal se tiene que adaptar a las circunstancias y los pisos turísticos no son la mayor de las prioridades a día de hoy», apuntó. «Esta labor ha sido, es y será necesaria, pero se hará con el conjunto de agentes que componen la Guardia Municipal».
En este sentido, recordó que en el pasado han existido otro tipo de unidades que a día de hoy ya no están presentes. «Hubo unos años en los que se destinaban recursos a la unidad de Tráfico, que hoy no existe, pero ello no quiere decir que no se hagan tareas en este ámbito. También había una unidad de escoltas, porque hubo una época en la que las prioridades eran las que eran. Hoy tampoco existe, pero dentro de las encomiendas de la Guardia Municipal también está velar por la seguridad de las autoridades».
«Los apartamentos vacacionales no son la prioridad a día de hoy para la policía local», señala el edil Ibabe
Lo cierto es que en el caso de los alojamientos turísticos, la realidad también ha cambiado. Un marco regulatorio ya asentado pero, sobre todo, el impacto del coronavirus en el sector turístico ha llevado a una menor proliferación de viviendas de tipo vacacional y, por ende, a una merma en la detección de aquellas que no cumplen las ordenanzas.
Ibabe habló de 56 intervenciones de la Guardia Municipal en lo que va de año, no solo por parte de la UMAC. Algunas de las actas, informó, tenían que ver con problemas de ruidos, medioambientales, urbanísticos... «Pero no todas han acabado en clausura», apuntó, si bien no pudo ofrecer la cifra exacta.
Cambio de uso
La ordenanza donostiarra y la actividad inspectora realizada durante estos años para su control ha ayudado en la contención del fenómeno y una vuelta de estos alojamientos al uso como vivienda. Entre 2014 y 2020, unos 590 pisos turísticos han regresado a su primitivo uso residencial.
El desglose de los datos por año revela que las mayores conversiones se produjeron al calor de la nueva ordenanza reguladora que entró en vigor en marzo de 2018. Las restricciones aparejadas a la ordenanza y la labor inspectora que se llevó a cabo para legalizar esta actividad causaron 219 bajas en 2018, otras 213 conversiones a vivienda en 2019 y en torno a 60 los inmuebles de uso turístico que abandonaron la actividad en 2020. El Departamento de Urbanismo estima que hay alrededor de 1.250 alojamientos turísticos actualmente en la ciudad.
En cuanto a los trámites a seguir para llevar a cabo estos cambios de usos, desde el Ayuntamiento explican que en el caso de pasar de uso turístico a vivienda la transformación es «automática» y no precisa más que darse de baja en la actividad, si bien es cierto que no todos los propietarios o responsables cumplen este trámite, lo que implica que su alojamiento se destine a residencia habitual sin cumplir la legalidad. Mientras, para el caso contrario los propietarios de las viviendas deben realizar toda la tramitación de cambio a uso turístico, como si fuera la primera vez.
Centro y Parte Vieja son los barrios que concentran más quejas
La labor que la Guardia Municipal realiza para el control del cumplimiento de la legalidad por parte de los apartamentos turísticos se ha concentrado durante estos últimos años en el Centro y la Parte Vieja, las zonas donde mayor número de viviendas para uso vacacional hay. Entre otros motivos de clausura detectados, están desde desarrollar una actividad clandestina asociada hasta ofrecer un servicio que no se corresponde con lo declarado u ofertar más plazas de las autorizadas. La inspección empieza por la propia vigilancia realizada por la policía local o por una denuncia, generalmente procedente de la propia comunidad de vecinos. Se comprueba si el piso posee o no licencia de actividad antes de seguir con el trámite para su clausura.
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