Donostia y Defensa pactan la venta de los cuarteles de Loiola por 73 millones para construir hasta 1.700 viviendas

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento «ya está trabajando en el diseño del nuevo ámbito», que contempla un desarrollo residencial que podría alcanzar las 1.700 viviendas, la creación de nuevos equipamientos públicos, así como la integración del río Urumea en el barrio «para dotar de una gran calidad a esta zona». Con este acuerdo, «más que un nuevo barrio, se nos abre la oportunidad de crear un nuevo eje central de la ciudad en torno al Urumea», ha subrayado Goia. De esta forma, los terrenos de los cuarteles permitirán dar continuidad urbana a la vega del Urumea y abrirán nuevas posibilidades de comunicación entre distintas zonas de la ciudad. El alcalde ha señalado que en la valoración de los terrenos se ha tenido en cuenta la sentencia del TSJPV que obliga a catalogar los dos edificios principales de los cuarteles (los que dan hacia el río), que previsiblemente se destinarán a «equipamiento» del nuevo barrio. Aunque tanto el Ayuntamiento como Defensa han recurrido dicha sentencia ante el Supremo, Goia ha indicado que «ya teníamos la previsión de proteger alguna cosas, y ya nos han dicho cuáles son».

Según los términos del acuerdo, el Ayuntamiento de San Sebastián se compromete a adquirir la titularidad del ámbito de Loiola en los que actualmente se localizan los cuarteles del Ejército español, otros dos ámbitos anexos que albergan otras instalaciones militares, así como varias parcelas rústicas en el monte Ulia (6 hectáreas) actualmente propiedad del Ministerio de Defensa.

En total, el ámbito de Loiola objeto de la compra tiene una superficie del orden de 175.000 m2 (17,5 Ha), si bien no toda la superficie es susceptible de ser urbanizada. Tras la valoración técnica realizada y los aprovechamientos urbanísticos previstos, se ha fijado un precio de compraventa que alcanza los 73.323.373,38 euros. Dicha valoración se ha realizado tomando en cuenta los valores de mercado actuales, y se ha incluido además los costes de urbanización del nuevo ámbito, en el que se prevé la construcción de dos puentes, una pasarela que facilite el acceso de esta zona a la estación del topo de Loiola y la elevación de la cota en dos metros y medio para evitar su inundabilidad.

Goia ha valorado que una de las virtudes de este acuerdo es que no se ha supeditado a la fijación de un emplazamiento alternativo para los actuales cuarteles del Ejército en Loiola, una cuestión que durante décadas fue un impedimiento para poder cerrar la adquisición de los terrenos. «En esta negociación no se ha hablado de reubicación, no nos corresponde a nosotros. El gran logro del acuerdo presupuestario que logró el PNV en Madrid es que esta negociación se desvinculaba de buscar una alternativa. No es asunto nuestro a dónde vais a dejáis de ir», ha indicado Goia.

El alcalde jeltzale ha calificado el acuerdo de «hito histórico» porque es «una reivindicación de la ciudad» que se arrastraba desde hace décadas. Ha apuntado que todavía existe una «indefinición» sobre el número total de viviendas que se podrán construir porque «ahora hay que avanzar en la modificación del Plan General». En el acuerdo se contempla que, de las nuevas viviendas, el 60% se destine a vivienda libre y el 40% a vivienda de protección pública, aunque Goia ha aclarado que ese desarrollo es el que determina inicialmente la Ley vasca de Vivienda, pero que posteriormente el Ayuntamiento podría decidir nuevos repartos que favoreciesen más a la vivienda de protección pública.

Los tiempos para formalizar la compraventa de los terrenos de los cuarteles de Loiola son los siguientes: a finales de este año o principios del que viene se firmará un primer contrato entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa por el que el consistorio abonará 5 millones de euros (que ya tiene consignados en los presupuestos de este año). Seis meses después se firmarán las escrituras para que el Ayuntamiento asuma la propiedad de los terrenos. En ese momento el consistorio deberá abonar cerca de 65 millones de euros, por lo que Goia ha adelantado que será necesario recurrir a «un endeudamiento a largo plazo». Aunque ha señalado que «será un esfuerzo que merecerá la pena, porque claramente es una inversión para la ciudad». Ha subrayado que el nuevo barrio será «un punto absolutamente neurálgico para Donostia, es el mejor sitio que nos queda para seguir construyendo ciudad y coserá toda la trama urbana en la vega del Urumea».

El delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha aplaudido el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento donostiarra y el Ministerio de Defensa para la compraventa de los terrenos de los cuarteles de Loiola y ha destacado que permitirá la construcción de «una buena masa de vivienda protegida». Ha explicado que este proceso también se ha dado en otras localidades españolas en las que «los terrenos ocupados tradicionalmente por el Ejército ocupan espacios de centralidad urbana, especialmente atractivos para la construcción de vivienda protegida por parte de las administraciones locales y a cuyas demandas no es ajeno el Gobierno de España ni el Ministerio de Defensa», apunta Itxaso.

No obstante, Itxaso ha indicado que el terreno que ahora ocupa el Regimiento de Infantería 'Tercio Viejo de Sicilia' Nº 67 en el acuartelamiento de Loiola «no va a poder estar a disposición del Ayuntamiento hasta que no esté construido el nuevo cuartel y pueda desplazarse el Regimiento a las nuevas instalaciones». Por el momento, es una incógnita dónde podría construirse ese nuevo cuartel para el Ejército en terrenos donostiarras, al no haber formado parte de la negociación.

Diversos representantes políticos del Ayuntamiento han reaccionado este martes a la compra de los terrenos de los cuarteles de Loiola. Todas las valoraciones han sido positivas. EH Bildu ha calificado de «buena noticia» la noticia de la compraventa y ha resaltado que es «una reivindicación mantenida a lo largo de los años por gran parte de la ciudadanía y representantes políticos. Ahora, estos terrenos deben ser utilizados en beneficio del interés general, es decir, para la construcción de viviendas y equipamientos sociales, entre otras cuestiones». En el proceso de planificación de la parcela, EH Bildu apostará por la vivienda pública y llama al resto de partidos políticos a que hagan lo propio.

La segunda teniente de alcalde, Marisol Garmendia (PSE), ha asegurado que este acuerdo «es una grandísima noticia para la ciudad y para la ciudadanía donostiarra. Se trata de un acuerdo histórico que posibilita la construcción de un nuevo corazón urbano en la ciudad».

El grupo municipal de Elkarrekin Donostia ha reclamado «el mayor número posible de vivienda protegida de alquiler en los terrenos de los cuarteles de Loiola». Aitzole Araneta ha considerado que este acuerdo «es bueno para Donostia», pero ha subrayado que «la clave va a radicar en cómo se hace la promoción de esas nuevas viviendas».

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Borja Corominas, se ha mostrado «satisfecho» con el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa para la compra de los cuarteles de Loiola al entender que esta operación es «beneficiosa para San Sebastián, para su desarrollo urbanístico y para los donostiarras».

La venta de los cuarteles de Loiola fue el compromiso que el PNV consiguió arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2020, cuando el grupo jeltzale cedió sus seis escaños para salvar los Presupuestos Generales del Estado a cambio de la venta del terreno.

La operación de traspaso de estas 17,5 hectáreas a la ciudad en las que estaban previstas la construcción de 1.700 viviendas estaba ya madura este verano cuando a mediados de julio la Sala Contencioso Administrativo del TSJPV estimaba parcialmente un recurso de Vox y obligaba a meter los cuarteles en el catálogo del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) con un régimen establecido en un informe técnico de la Diputación de 2009.

Concretamente, el fallo obligaba mantener las fachadas principales de los dos edificios –unidos entre sí por una galería– que conforman estas instalaciones militares. La Justicia tumbaba así una de las mayores operaciones urbanísticas de la capital donostiarra, un fallo recurrido ya por el Ayuntamiento de Donostia y Defensa ante el Supremo y que sigue su curso.

La sorprendente resolución judicial no se limitó a declarar la nulidad parcial del Peppuc por no haberse admitido una alegación ciudadana que pedía la protección de los cuarteles, sino que resolvió la inclusión de estos edificios en el catálogo municipal con una protección concreta y sin tomar en consideración la opinión del propietario, en este caso el Ministerio de Defensa –cualquier eventual decisión sobre estos edificios requiere de «un informe vinculante de la Administración General del Estado»–, ni sin la preceptiva tramitación que requiere una decisión de este tipo.

Al margen del pronunciamiento definitivo de los tribunales, Ayuntamiento y Defensa acordaron rematar la negociación para la venta de los terrenos, como finalmente ha ocurrido. Así, la operación es ya un hecho aunque la sentencia definitiva –cuando esta se produjese, al cabo de dos años quizás– no fuese favorable y, por tanto, hubiera que proteger las fachadas de los dos edificios principales de los cuarteles. De hecho, Goia ya ha anunciado que en el proyecto urbanístico se contempla destinar esas dos edificios a equipamiento.

Según ha indicado el alcalde donostiarra, a finales de año o principios del que viene se hará efectiva la firma del acuerdo y en un plazo de seis meses desde entonces los terrenos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento donostiarra. De esta forma, se pondrá fin a una «reclamación histórica de la ciudad» que abrirá la puerta a una de las mayores operaciones urbanísticas de la capital.