Urkullu aboga por «un consenso amplio» sobre autogobierno que sea «viable»
El lehendakari defiende la culminación del Estatuto pero no renuncia a nuevos pasos sobre la actualización de los derechos históricos
El lehendakari Iñigo Urkullu ha abogado esta mañana por un «consenso sólido» que amplíe el autogobierno vasco que «sea viable» y que implique una actualización de los derechos históricos. Ante una pregunta fomulada por la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, en el pleno de control de la Cámara, Urkullu ha defendido una reforma pactada del Estatuto a partir de la culminación del mismo, para lo que ha vuelto a emplazar al Gobierno español que complete las transferencias pendientes.
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El lehendakari ha subrayado que el compromiso del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE se centra en esa exigencia de culminación del Estatuto y ha situado en la capacidad de los grupos el debate sobre las iniciativas a dar para profundizar el autogobierno en el futuro. Ha recalcado que no ha renunciado ninguna de la propuestas que ha formulado a este respecto: ni la nación foral, ni los derechos históricos, ni la relación bilateral ni la necesidad de la directiva europea de claridad.
«Decidir y codecidir»
Iriarte ha censurado a Urkullu que haya renunciado a la defensa del derecho a decidir y a la bandera de un mayor autogobierno para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía vasca desde políticas públicas más exigentes. El lehendakari ha negado la mayor y ha señalado que en la actual coyuntura «decidir es codecidir» lo que implica «reconocimiento y exigencia de reciprocidad» . En su opinión, «completar el autogobierno no es el último gobierno» ya que, como ha apuntado, ya la propia Disposición Transitoria del Estatuto reconoce que no se renuncia a los derechos históricos y a su actualización en la legalidad.
Iriarte ha denunciado la falta de concreción de la respuesta de Urkullu y ha vuelto a «no cumplir su palabra de 2015», a abandonar la bandera del derecho a decidir y a no afrontar el hecho de que el actual marco autonómico se ve «laminado» por el Gobierno Central y por «el Tribunal Constitucional que se ha convertido en el gendarme de interpretación» de los litigios sobre el autogobierno.
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