El pulso entre gobiernos y tribunales

El lehendakari, el diputado general de Gipuzkoa y el alcalde de Donostia se han visto en la disyuntiva de tener que elegir entre resignarse, cruzarse brazos y acatar sin más una sentencia en firme o intentar buscar sin dilaciones otro acomodo legal para dar cauce a sus propósitos. Pero, ¿existe realmente un choque de trenes interinstitucional? Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado, lo tiene claro: «No».

En su opinión, el Gobierno Vasco no está desamparado después de experimentar sucesivos portazos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a cuenta de las restricciones para combatir la pandemia. «Afortunadamente -dice- la última palabra sobre cuestiones que afectan a los derechos de la ciudadanía la tienen los tribunales; y aquí se pone de manifiesto que también los gobiernos están sujetos al imperio de la ley y de su interpretación». Álvarez recuerda, además, que la última decisión favorable al sector hostelero en febrero -la primera fue en agosto, cuando el TSJPV rechazó el cierre del ocio nocturno- «es una medida cautelar que todavía no tiene sentencia», ya que el Superior vasco hizo un «juicio de proporcionalidad» al entender que no había quedado acreditado que la actividad hostelera generase mayor riesgo de contagio por Covid-19. Pero este no es un caso aislado.

Los transportistas siguen en pie de guerra con la Diputación, que mantiene intacta su convicción de cobrar a los camiones por utilizar las carreteras N-I y A-15 a pesar de que el Tribunal Supremo haya anulado, por segunda vez, el peaje a camiones. Por su parte, el Ayuntamiento donostiarra ha tenido finalmente que adecuar en otro marco regulador -en el Plan General de Ordenación Urbana- los pisos turísticos tras el revés judicial del Supremo, zanjando así dos años de tira y afloja. Dos cuestiones dispares que, según explica Álvarez, tienen un denominador común: «En ambos casos, los tribunales han dicho que lo pueden hacer y que son competentes, pero les han hecho dar marcha atrás, reandar el camino y buscar el acomodo legal».

En otro ámbito, el consistorio de Irun se acaba de enfrentar al TSJPV, que ha declarado nula la convocatoria de empleo de 2017 para ocupar una plaza de Policía Local, al considerar que es «discriminatorio» exigir euskera para desempeñar esa labor. Una decisión que se encuentra con el rechazo del jurista zumaiarra. «Es una sentencia que yo no comparto y la critico respetuosamente porque creo que las dos lenguas cooficiales tienen que convivir».

Estas piedras en el camino no son, a ojos de Álvarez, un pulso entre los tribunales y las instituciones. «Esta no es una lucha entre poderes al estilo Montesquieu», defiende. Por eso pide «desdramatizar» estos tropezones judiciales. «Si viviésemos en China se haría lo que diga el Gobierno, pero yo prefiero este sistema garantista. Y sí, se trata de contratiempos para la acción ejecutiva, pero es un contratiempo saludable democráticamente hablando», explica.

Las resoluciones judiciales que están enmendando, modificando o incluso anulando las decisiones de los órganos ejecutivos, además, «no tienen que ser el criterio de evaluación de la buena gobernanza» porque se trata de decisiones técnicas y no políticas. «Las sentencias no son un parámetro de referencia de calidad de un Gobierno», insiste el catedrático. Por eso, reclama «pelear» contra quienes leen las sentencias en clave política. «Erróneamente se entiende que si un juez falla en un determinado sentido ya tiene un color político», dice. «Es un torpedo en la democracia comenzar a desconfiar de la Justicia porque la creemos parcial, porque la confianza en la Justicia es un elemento vertebrador de la democracia», defiende Álvarez.

El Gobierno foral lleva desde 2017 inmerso en un periplo judicial por el cobro a los camiones que transitan por la N-I y la A-15. Hace escasos días, el Supremo ha anulado por segunda vez el peaje al rechazar el recurso de la Diputación.

Hasta en cuatro ocasiones ha enmendado el TSJPV las pretensiones del Gobierno para combatir la pandemia. El primer revés fue en agosto; el último, hace unas semanas tras el 'no' a mantener el toque de queda, confinamientos o límite de reuniones.

Finalmente, el Gobierno municipal de Eneko Goia encontró acomodo legal a finales de abril para poder regular estas viviendas a través del Plan General de Ordenación Urbana después de que el Supremo diera en febrero un portazo a la ordenanza.

El TSJPV declaró nula hace poco más de una semana una convocatoria de empleo para ocupar un puesto de Policía Local. El argumento que esgrimió el tribunal es que resulta «discriminatorio» exigir euskera para desempeñar esa labor.