La presidenta del Supremo y del CGPJ pone pie en pared ante las «descalificaciones constantes» contra los jueces

No hubo en la contundencia de sus palabras un destinatario explícito, pero su intención dejó poco lugar a la duda. Las quejas de la máxima responsable del órgano de gobierno de los jueces llegaron un día después de que el Ejecutivo alzara la voz contra la labor del instructor del Supremo, Ángel Hurtdao, que ha situado al borde del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un presunto delito de revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gómez Amador, imputado a su vez por presunto fraude tributario. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo el martes tras el Consejo de Ministros que «algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender». Alegría también aseguró que «no hay ninguna prueba», pese a lo que sostiene Hurtado, de que fue «Presidencia del Gobierno» la que dio orden a García Ortiz de filtrar el correo referido a la pareja de Ayuso.

Sus manifestaciones incidieron en el cuestionamiento de la Magistratura por sus actuaciones sobre el entorno personal, partidario e institucional de Sánchez. La presidenta del Supremo, de perfil progresista y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, admitió que las resoluciones judiciales «pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pues nos ayudan a mejorar». «Pero», añadió Perelló, «no caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la propia Constitución encomienda al Poder Judicial».

El Gobierno, sin embargo, niega que sus críticas a los magistrados estén cercenando el prestigio de la justicia en su conjunto. Ante la pregunta de si sentía aludido por las palabras de Perelló, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dio una respuesta monosilábica: «No». Bolaños se mostró convencido de que los magistrados realizan su trabajo «con imparcialidad e independencia» y dijo estar de acuerdo con Perelló en la necesidad de «respetar» las resoluciones de los tribunales, pero ese respeto, añadió, «no está reñido con un sistema garantista de recursos, donde se pueden impugnar resoluciones judiciales que uno no comparte», o con «el derecho a la libertad de expresión». Se puede discrepar «públicamente» de una resolución judicial, argumentó el ministro.

Tras meses de tensión creciente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por las causas por supuesta corrupción que involucran a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez, la instrucción del 'caso Koldo-Ábalos' y la imputación al fiscal general, Perelló recordó al Gobierno que «todas los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza en las instituciones democráticas» e insistió en que «las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado» porque «minan la confianza de los ciudadanos».

Varios miembros del Ejecutivo han atacado abiertamente a los jueces que investigaban las denuncias contra los familiares del presidente del Gobierno, pero también a los que han emitido otro tipo de resoluciones. A modo de ejemplo, esta lunes, tras conocerse el auto de Hurtado que enfila al banquillo a García Ortiz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, envió un mensaje en X en el que apuntaba a que «la oposición» a Sánchez son los jueces, que «arreglan los desaguisados de Feijóo». Hace un par de semanas, el pleno del CCPJ también salió al paso de las dudas sembradas sobre la jueza de Badajoz que ha procesado al hermano de Sánchez.

Pero también a finales de marzo, todas las asociaciones de jueces y fiscales cargaron contra la vicepresidenta primera María Jesús Montero por sus críticas a la sentencia que absolvió al futbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona. «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!», había clamado Montero en un mitin del PSOE, aunque más tarde, tras la protesta de los togados, pidió disculpas.