El PNV pide «perdón» a la sociedad vasca y asegura que el caso no afecta al partido

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido este martes «perdón» a la sociedad vasca por haber tenido miembros que han actuado de forma «tan censurable», aunque ha insistido en que el caso De Miguel no afecta al partido jeltzale como tal y «no es una sentencia contra el PNV».

En una rueda de prensa en la sede del PNV en Bilbao -que ha coincidido con la declaración que ha realizado el lehendakari, Iñigo Urkullu, en Lehendakaritza-, Ortuzar ha pedido «perdón con sencillez y con sinceridad» por el «hecho de que en nuestro seno haya podido haber quienes han actuado de manera tan censurable y tan opuesta a los principios que siempre han regido este partido».

El presidente del EBB ha recalcado que la sentencia dice que los condenados crearon una red societaria «individual y personal» y ha recordado que el PNV les pidió la entrega del carné cuando fueron imputados y, después, modificó sus estatutos para poder suspender de militancia a quienes sean investigados por corrupción.

Ortuzar ha afirmado que acatan la sentencia, que, según ha recordado, aún es «provisional» porque caben recursos. Ha asegurado también que el PNV condena y condenará «cualquier tipo de corrupción que altere la igualdad de oportunidades, que busque el enriquecimiento ilícito de personas o entidades o que pretenda buscar atajos o beneficios injustos». Ha añadido que la sentencia relata unas actitudes y actos, que «nada tienen que ver con el PNV». «Al contrario, siempre tendrán al PNV enfrente», ha enfatizado.

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado este martes a 13 años y 3 meses de cárcel, con un cumplimiento efectivo máximo de 9 años, a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV alavés y diputado foral, por diversos delitos, entre ellos los de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. El tribunal también ha condenado a 7 años y medio de cárcel a Koldo Otxandiano y a 6 años y medio a Aitor Tellería, ambos exdirigentes del PNV.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha publicado en las redes sociales un mensaje con el texto: «De Miguel, Osakidetza, Marguello, Getaria, Alonsotegi, Karrantza, Bakio... Nadie nos puede convencer ya de que esto es una excepción y no la regla».

EH Bildu, por su parte, ha anunciado que explicará su postura mediante una comparecencia que celebrarán este miércoles en su sede de Vitoria la parlamentaria Larraitz Ugarte y el coordinador de EH Bildu Araba Ibon San Saturnino. Este martes ha realizado una valoración de urgencia en la que considera «muy graves los hechos probados en la sentencia. Estamos hablando de organización ilícita, cohecho, tráfico de influencias... Delitos todos ellos relacionados con la corrupción y cometidos por militantes del PNV, porque eran militantes y cargos públicos e internos del partido jeltzale cuando se cometieron los delitos probados. Estamos ante la sentencia más importante relacionada con la corrupción producida hasta ahora en nuestro país».

EH Bildu señala en su nota que «se pregunta si esta sentencia y los hechos probados mediante la misma suponen la punta del iceberg, si los dirigentes máximos del partido conocían o no los hechos mientras se estaban cometiendo los delitos, si este tipo de prácticas son o no habituales, dada la proliferación de conductas irregulares en otros casos en los que están involucrados cargos y militantes del PNV». E

La coalición asegura que seguirá trabajando «para esclarecer todo tipo de hechos irregulares que se produzcan en todo el territorio. Porque los vascos y las vascas nos merecemos vivir en un país libre de corrupción y de conductas irregulares relacionadas con el poder político e institucional».

La Comisión Ejecutiva del PSE ha hecho pública una nota en la que ha expresado su «total confianza en la Justicia y el máximo respeto a la sentencia hecha pública por el tribunal». La formación que lidera Idoia Mendia ha mostrado «la valoración positiva del trabajo desarrollado tanto por los órganos judiciales, como por la Ertzaintza, en su condición de policía judicial, a lo largo de todo el proceso de investigación e instrucción del caso, así como en la determinación definitiva de las responsabilidades penales y administrativas»

El PSE ha expresado su «satisfacción por el hecho de que conductas reprochables desde el punto de vista ético, además de delictivas, que contarán siempre con el rechazo, la condena y el combate por parte del PSE-EE, se vean sancionadas y expulsadas del ámbito político e institucional, preservando la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos y en el Estado de Derecho». Por último, ha indicado «la confianza tanto en la labor ejercida desde nuestra responsabilidad en el Gobierno Vasco, con la puesta a disposición de la Justica de toda la información en su poder, como en el trabajo parlamentario que desarrollamos hace dos legislaturas sobre el mal uso de dinero público, el rechazo a cualquier forma de corrupción y clientelismo y el impulso a los mecanismos para garantizar la limpieza y la transparencia en la contratación, conclusiones recogidas entonces en un documento que delimitó el alcance de las responsabilidades políticas y dejó la cuestión penal en el ámbito competente, que es el que hoy ha resuelto».

El secretario de comunicación de Elkarrekin Podemos, Andeka Larrea, ha considerado que no se trata de un hecho aislado, sino que «son muchos los casos como este que a lo largo de los años han quedado en el cajón por falta de medios e interés para investigarlos». Ha solicitado «autocrítica» al PNV, y ha considerado que la formación nacionalista «debería analizar cómo ha sido posible que esta situación tan grave se haya podido dar en el seno de su propio partido y desde instituciones que gobernaban». «Han de tomar nota y reflexionar sobre cómo han podido normalizar esta situación durante tanto tiempo», ha rematado.

Larrea también ha calificado de «auténtica vergüenza» la «indiferencia y falta de apoyo a la fiscalía» en la investigación de esta trama de corrupción política lo que ha demostrado, a su juicio que, «como dijo el fiscal, en Euskadi no hay una verdadera policía judicial, sino una policía que depende del ejecutivo».

Asimismo ha pedido «autocrítica» a los partidos en la oposición en aquellos momentos, 2009, cuando Podemos todavía no existía, porque «es cuestionable la labor de oposición, de control y fiscalización llevada a cabo en las últimas décadas en Euskadi por el PSE-EE, el PP y la izquierda abertzale, lo que ha permitido que ocurran casos como el hoy sentenciado». Por todo ello, ha exigido la adopción de medidas y de medios que permitan atajar y prevenir «toda forma de clientelismo y de corrupción en Euskadi».

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha preguntado al lehendakari, Iñigo Urkullu, si va a asumir «alguna responsabilidad política» por el 'Caso De Miguel', «el mayor caso corrupción en el País Vasco protagonizado por una trama de dirigentes del PNV». Asimismo, ha destacado que «Urkullu y Sánchez apoyaron una moción de censura contra Mariano Rajoy bajo el argumento de la corrupción».

A través de las redes sociales, Alonso ha cuestionado por qué el lehendakari, Iñigo Urkullu, habla en este caso de «corrupción personal» y no de «corrupción política». «Dice que los condenados buscaron su lucro personal. Esos condenados usaban su poder en el PNV alavés para extorsionar a empresarios. Eran sus subordinados, mientras él presidía todo el PNV», ha advertido el presidente del PP vasco, que ha exigido que «se cree ya» la Fiscalía Anticorrupción en el País Vasco.

Por su parte, el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, ha dicho que «se ha roto por completo ese tabú» de que el nacionalismo vasco «es buen gestor y limpio al quedar demostrado que también roba». Ha añadido que los jeltzales han hecho «con el dinero de los vascos lo mismo que hizo Pujol con el de los catalanes».