PNV y PSE 'cocinaron' el giro de la Diputación sobre los peajes para no eternizar el embrollo judicial

Pero la amenaza de prolongar el litigio judicial ha precipitado la revisión de la estrategia y ha provocado un giro de 180 grados que encierra su trastienda política y que apuntala los engranajes del Ejecutivo de coalición. El temor a otro revés judicial ha sido determinante para acelerar la nueva posición. Sobre todo cuando la propia diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV), ha recibido este mes una querella criminal desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera de España, por «desobedecer» la sentencia del TSJPV y del Tribunal Supremo que declara «ilegal» el cobro de los peajes en la N-1 y A-15.

El entorno del diputado general asegura que la cohesión del Ejecutivo foral es completa en este asunto y que no se ha detectado ningún malestar en el PSE por el escenario que creaba la última sentencia, que ponía en cuestión el cobro de peajes en determinados tramos. Desde la parte nacionalista del gabinete foral se destaca la solidez de la coalición. «Los socios han estado desde el primer momento en todas las reuniones, todo el proceso ha sido compartido, hemos ido de la mano», apuntan. En el retrovisor, además, figura la querella que en su momento recibió Asensio en plena polémica por los residuos. «Entonces, el Gobierno foral reaccionó como una piña, ahora también», resaltan gráficamente.

El Partido Socialista destaca el acuerdo logrado por el Conseno de Diputados, aunque admite que se sentía «incómodo» en el «embrollo judicial». Pero subraya el consenso, reitera que «siempre hemos abogado por esta solución y estamos satisfechos por cómo se ha solucionado el tema. Siempre hemos mantenido la opinión de dejar de cobrar los peajes cuando la sentencia fuese efectiva y el acuerdo alcanzado lo hace».

La Diputación, en ese sentido, mantiene la intención de aprobar en las Juntas Generales de Gipuzkoa antes de final de año un sistema que extiende al conjunto del trazado viario la nueva tasa para los transportistas sin establecer discriminaciones entre ellos, que era el motivo fundamental por el que los tribunales tumbaron los planes de la institución foral. Pero ese cambio, aún, tendrá que esperar. Una vez que el proyecto sea aprobado por el Parlamento guipuzcoano, una vez superado el proceso administrativo de su período de exposición pública y de posibles alegaciones, entrará en vigor sin la amenaza, en principio, de bloqueo judicial. Eso sí, con la exigencia desde los sectores afectados de recuperar el dinero cobrado. Una variable que desde la institución foral no se contempla, entre otras razones, porque la propia sentencia no lo recoge en ningún momento.

El acuerdo alcanzado por el último Consejo de Diputados sostiene que «por paradójico que pueda parecer, lo cierto es que, tanto la Diputación Foral como Bidegi S.A, no hacen otra cosa que cumplir escrupulosamente con la obligación que les impone la legalidad vigente y, en particular, con la relativa a la ejecución de las sentencias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada».

A su vez, la Diputación defiende la idoneidad del propuesto sistema de peajes, ya que entiende que los transportistas deben contribuir al costoso mantenimiento de unas infraestructuras sin que el mismo recaiga exclusivamente a través de los impuestos en la ciudadanía guipuzcoana. La sentencia del Supremo sigue sin entrar en vigor, incluso después de que el tribunal haya desestimado un segundo incidente de nulidad que instaba a la Justicia a elevar una consulta a las autoridades de la Unión Europea para conocer si la propuesta original de la Diputación encajaba o no con las directivas comunitarias de transporte.

El cambio de estrategia ha sido fraguado en esencia entre Olano y Asensio en los últimos quince días, aunque en la Diputación se asegura que el diálogo también ha implicado a las Juntas Generales, que de hecho, aprobarán la norma foral a final de año, que se extenderá a todos los tramos y a todos los camiones y que encajará con las directrices europeas al respecto. Precisamente el sistema que ha sido anulado por los tribunales suponía una discriminación indirecta que afectaba a los transportistas foráneos. Bizkaia pondrá en marcha el modelo de peajes en otoño de 2022 y Navarra a finales de 2021.