La operación policial no modifica la intención del Gobierno del PSOE de acercar más presos

El arresto de Josu Urrutikoetxea, reclamado por la Justicia española y que deberá cumplir ocho años de prisión en Francia, no alterará la hoja de ruta socialista de seguir trasladando reclusos a prisiones del norte de España a lo largo de la siguiente legislatura, según fuentes conocedoras de los entresijos de la situación consultadas por este periódico. Los cuatro años de nuevo mandato socialista se presentan clave para la solución de los presos. La detención del histórico jefe de ETA, que leyó el comunicado de disolución el 3 de mayo de 2018, es el primer gran golpe policial del Ejecutivo del PSOE, que llegó al poder al mes de que la banda desapareciera tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy. Será difícil que pueda haber en el futuro nuevas operaciones contra ETA del calibre de la de ayer, al ser 'Josu Ternera' el último gran referente en la clandestinidad.

Desde que huyó de la Justicia en 2002, el exjefe de la organización era buscado y se contaba con la posibilidad de que finalmente pudiera acabar siendo detenido, sobre todo tras el fracaso negociador de 2006. Para los jueces y las fuerzas de seguridad españolas su caída era una prioridad por su presunta responsabilidad, como supuesto inductor, del atentado contra el cuartel de Zaragoza en 1987, con once asesinados, seis de ellos niños. Además, había sido condenado en Francia en rebeldía a ocho años por su integración en la cúpula de ETA. Es probable que ahora, su defensa recurra esa condena en el país galo y se alargue un proceso judicial en el que España prevé reclamar su extradición.

A partir de 2005, Josu Urrutikoetxea pasó a jugar un papel interno en ETA para forzar junto a la izquierda abertzale el cese definitivo de la violencia. En ese empeño se enmarcó su papel en el proceso de 2006, en el que apostó por un acuerdo con el Gobierno socialista hasta que fue relegado de la negociación por Xabier López Peña, 'Thierry', evidenciando la división en ETA. También integró la delegación de Oslo, junto a David Pla e Iratxe Sorzabal, que en 2012 espero en vano al Gobierno del PP tras el anuncio de cese de la violencia. Su última aparición, en forma de voz, fue para leer en castellano el comunicado final de disolución tras el debate interno de los militantes. Los verificadores internacionales del centro suizo Henri Dunant visionaron un vídeo en el que aparecía para certificar su veracidad.

Desde entonces, con ETA ya desaparecida, se dejó de especular con su paradero hasta que ayer fue arrestado en esa zona fronteriza entre Suiza y Francia. Con esta detención, el Gobierno de Pedro Sánchez combina una doble estrategia de defensa firme del mandato judicial y la labor policial, persiguiendo a los presuntos miembros de ETA huidos con causas pendientes, con flexibilidad en la política penitenciaria. De momento, los acercamientos se producen con cuentagotas, aunque el Gobierno estudia darles un mayor ritmo una vez que Pedro Sánchez logró un holgado refrendo de las urnas el pasado 28 de abril. En significativos sectores de la Policía y la Guardia Civil sostienen que pese a la disolución de ETA hay que seguir deteniendo a sus miembros huidos para esclarecer atentados y para ellos el arresto de ayer supone poner el sello policial al anuncio unilateral de desaparición de la organización.

En este sentido, Josu Urrutikoetxea, un mito en el seno de la banda, era una pieza codiciada para las fuerzas de seguridad. Conocedores de los problemas de salud que le lastraban, y justo cuando se acaba de cumplir el aniversario de la disolución, los agentes lograron su objetivo.

El arresto en suelo galo dejó claro asimismo que Francia está dispuesta a seguir colaborando policialmente con España pese a haber liderado hace año y medio el cambio de la política carcelaria y haber allanado el terreno para el desarme de ETA en suelo galo en abril de 2017. Se trata de la primera gran operación en Francia desde la caída en septiembre de 2015 de David Pla e Iratxe Sorzabal.

La noticia de la operación policial sorprendió a la izquierda abertzale, aunque en el mundo de Sortu contemplaban la posibilidad de que pudiera ocurrir, sabedores de que el exdirigente de la banda era objetivo policial. Tras una reunión de urgencia en San Sebastián, su secretario general, Arkaitz Rodríguez, exigió su inmediata puesta en libertad al considerar que se trata de «uno de los máximos referentes del compromiso por la paz» dentro ETA. A su juicio, «esta operación no contribuye en absoluto a favorecer o consolidar el escenario de paz en nuestro país». Arkaitz Rodríguez recordó que Josu Urrutikoetxea «puso voz al último comunicado y anunció la desaparición de ETA». «Fue, por tanto, uno de los que realizó una contribución definitiva a la paz: retirar la violencia de ETA de la ecuación política vasca para siempre».

El dirigente de Sortu aseguró que esta detención «vuelve a poner de manifiesto que la paz sigue contando con poderosos enemigos» y denunció que los Estados español y francés «siguen atentando contra el anhelo mayoritario de este país: alcanzar un escenario de paz justa, estable y duradera». Del mismo modo, incidió en que «la violencia de ETA ha desaparecido», pero la de los estados «continúa porque la política de dispersión es violencia, mantener a los presos gravemente enfermos en prisión es violencia, tratar de responsabilizar de todo a la izquierda abertzale es violencia».

En la comparecencia, Arkaitz Rodríguez criticó con dureza al delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza. El dirigente socialista señalaba que la detención prueba que «el Estado de Derecho funciona y a los delincuentes se les detiene». El líder independentista replicó que «si fuese un Estado de Derecho no habría presos políticos, se respetaría el derecho de autodeterminación, no habría existido terrorismo de Estado y guerra sucia, y no habría política de dispersión en vigor». Asimismo, consideró que es «falso» que los delincuentes acaben en la cárcel porque «entonces algunos amigos de Loza y correligionarios de su partido como Vera, Barrionuevo y Damborenea tendrían que estar en prisión y no lo están, y tampoco los torturadores». De este modo, exigió a Loza que «deje de una vez de hacer apología del terrorismo de Estado».