La ley vasca de Educación mantiene los modelos lingüísticos y nace con el rechazo de toda la oposición

El camino que ha seguido el proyecto hasta llegar a la votación de ayer no ha sido fácil y ha estado sembrado de críticas de sindicatos y entidades como Kontseilua. En abril de este año Elkarrekin Podemos-IU se desmarcó del acuerdo al entender que primaba a la red pública. A finales de noviembre, las bases de EH Bildu respaldaron la decisión de la dirección política de la coalición de votar 'no' a la ley por la inclusión en el proyecto de ley de una enmienda que recoge los modelos lingüísticos. Del histórico pacto de marzo de 2022, de aquel 92%, quedó este jueves el 54%. La ley fue aprobada con el apoyo de los 40 parlamentarios del PNV y PSE. En contra votaron los 34 de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP, Ciudadanos y Vox.

Durante el pleno, el portavoz del PNV, Gorka Álvarez, señaló que la ley hace «una apuesta seria con la cohesión social de este país y responde a la diversidad y la pluralidad social». El parlamentario nacionalista acusó a EH Bildu de haber roto el pacto educativo. «Este proceso comenzó hace tres años. Queríamos transformar nuestro sistema educativo y por eso lo iniciamos conjuntamente. Si miramos atrás vemos que nada ha cambiado, lo único que ha cambiado ha sido su postura».

María Jesús San José, del PSE, también dirigió sus dardos hacia EH Bildu, formación de la que dijo que «su única preocupación» durante la negociación de la nueva norma «han sido los modelos lingüísticos». «Bildu quería caminar hacia un modelo monolingüe. Los socialistas veníamos avisando, quería utilizar la indefinición del texto original para caminar a un modelo monolítico contrario o poco respetuoso no solo con la propia realidad sociolingüística en Euskadi sino también con los derechos reconocidos a los niños y niñas», dijo. «Gracias al PSE se va a aprobar una ley de educación y no de construcción nacional», añadió.

Por EH Bildu, Ikoitz Arrese afirmó que la gestión de la ponencia de la ley «ha sido un despropósito. No ha habido ningún debate, los puentes construidos se han destruido porque el PNV y el PSE han querido fuera a Bildu. Para Arrese, la ley «financia a toda la concertada sin límites y sin mecanismos jurídicos que lo controlen, abre la puerta a la degradación del modelo D y a un modelo en el que prevalece el derecho de las familias a elegir la lengua frente a los objetivos lingüísticos marcados por ley».

Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, señaló que la ley va a perpetuar el sistema educativo más privatizado de Europa y también la segregación». En su opinión, la nueva norma «se ha converttido en un recurso retórico. Son palabras y nada más, no hay nada, es la fórmula que ha encontrado el Gobierno Vasco para seguir manteniendo la privatización generalizada de la escuela vasca».

«Lo que se vendía como pacto de país se ha convertido en una apuesta gubernamental alejada de la realidad. Es una mala ley, alejada de las necesidades educativas y descentrada de la realidad lingüística. No es una ley de educación, sino de política lingüística», afirmó Carmelo Barrio (PP).

Amaia Martínez (Vox) señaló que el objetivo de la ley «es construir la nación vasca a cualquier precio y a expensas de nuestros hijos». Por su parte, José Manuel Gil (Ciudadanos) aseguró que la nueva norma «es sectaria, no consensuada y divide a la sociedad».