El Gobierno Vasco descarta conexiones con la red empresarial de Antxon Alonso en más de 600.000 contratos
La portavoz Maria Ubarretxena precisa que tras analizar las contrataciones públicas de los últimos diez años no se ha detectado «ninguna licitación o adjudicación» relacionada con el empresario de Elgoibar
Un mes después de anunciar que el Gobierno Vasco estaba realizando un análisis «exhaustivo» de toda la contratación pública realizada en los últimos diez años ... para para descartar conexiones con el 'caso Cerdán', este martes se han dado a conocer los resultados de esa investigación. Maria Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo, ha asegurado que tras revisar a «19 empresas relacionadas directamente con el empresario de Elgoibar y a otras 1.395» de la operación, no se «detectado ninguna licitación o adjudicación» a estas compañías en los 606.684 procedimientos de contratación abiertos por Lakua, las diputaciones forales o los ayuntamientos desde 2015 hasta la actualidad.
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La portavoz del Ejecutivo vasco explicó que el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha presentado las conclusiones del proceso de análisis de los procedimientos de contratación en el sector público vasco en relación con determinadas entidades mercantiles a las que se hace referencia en la causa especial 20775/2020 que tramita la Sala segunda del Tribunal Supremo. El Gobierno Vasco anunció en junio que se iba a hacer esta revisión tras destaparse la presunta trama de corrupción que afecta a varios excargos del PSOE, entre ellos el ex secretario de Organización de este partido Santos Cerdán.
Ubarretxena concluyó asegurando que «no existe ninguna irregularidad en ninguno de los procesos de contratación analizados», y añadió que, además de las respuestas remitidas al Parlamento Vasco, en un «ejercicio de transparencia y de responsabilidad», han hecho llegar a la Cámara vasca este documento de conclusiones.
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Fueron los populares vascos, capitaneados por Javier de Andrés, quienes exigieron conocer si existían ramificaciones vascas en la trama. Y, para ello, presentaron una batería de solicitudes de información tanto en el Parlamento Vasco como en las tres Juntas Generales y los ayuntamientos, con el fin de conocer la adjudicación de contratos de obra pública y saber si la supuesta trama corrupta que ha golpeado de lleno a las entrañas de Ferraz también se dieron en Euskadi.
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El propio lehendakari dijo hace un mes, cuando estalló la trama, que el Gobierno Vasco hacía este ejercicio de «responsabilidad» a pesar de que «a día de hoy no tengamos el más mínimo indicio, información o sospecha» de que existan contratos con las empresas que se mencionan en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Y es que Pradales quiso tomar la iniciativa tras comprobar lo ocurrido en otras instituciones como la central o la navarra. De ahí que defendiera que lo hacían «por razones de prudencia, transparencia y responsabilidad».
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