Euskadi endurece la ley para atajar la corrupción y cesar a cargos públicos en casos graves

La normativa podrá ser enmendada en el próximo curso parlamentario por los grupos de la Cámara autonómica vasca a partir de septiembre, de manera que entrará previsiblemente en vigor antes del próximo verano de 2026. Se trata de una iniciativa largamente madurada a lo largo del tiempo pero que, por diferentes avatares, no ha logrado hasta ahora salir adelante en el Parlamento Vasco a pesar del peso que ha adquirido en el debate público el debate de la rendición de cuentas, la gobernanza y las buenas prácticas a raíz de los últimos casos como el que implica al ya exdirigente del PSOE Santos Cerdán o al exministro del PP Cristóbal Montoro.

De hecho, Euskadi es la única comunidad autónoma que no dispone de una normativa de transparencia propia y esta iniciativa es el cuarto intento que plantea e Gobierno Vasco para que salga adelante. La tercera vez, sin éxito, fue propuesta en la recta final del mandato del lehendakari Iñigo Urkullu y fue retirada ante la disolución de la Cámara y la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.

La consejera de Gobernanza y Autogobierno, Maria Ubarretxena, admite esta anomalía pero la relativiza al señalar que el País Vasco cumple de forma inequívoca con los mejores estándares en el cumplimiento determinados indicadores de transparencia. Otra cuestión es que, en su opinión, en el resto de comunidades se hayan limitado muchas veces a aplicar sin más una trasposición de la ley estatal de transparencia. En ese sentido, según sostiene Ubarretxena, aun cuando sea Euskadi la última comunidad en ponerla en marcha, la ley puede incorporar determinadas novedades que colocan a Euskadi en la vanguardia en el combate contra la corrupción y por la transparencia. Estas son las principales.

El régimen sancionador es de lo más variado y establece diferentes tipos de sanciones tanto para el sector público en aquellos casos en los que se detecten errores administrativos o en el ámbito privado si dependa en su funcionamiento de fondos o subvenciones públicas. Se regula el seguimiento de la publicidad activa y el derecho a la información pública. La ley se aplicaría en todo el sector público vasco, con la excepción de las diputaciones. Afecta al Gobierno Vasco, al Parlamento Vasco y a las Juntas Generales, al Ararteko, al Tribunal Vasco de Cuentas, a las sociedades públicas y a los centros concertados. Los cargos públicos podrán ser sancionados con multas leves, que van de 200 o 1.000 euros; las graves, de 1.000 a 6.000 euros, y las muy graves, entre 6.000 euros y la posibilidad de cese.

Para el sector privado y las corporaciones de derecho público, el anteproyecto fija la posibilidad de aplicar multas entre los 200 euros y los 400.000 euros. La normativa también podrá aplicarse en partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales y empresariales y a otros estamentos del sector privado que reciban ayudas o subvenciones públicas superiores a 5.000 euros pero que tengan hasta un 40% de subvención pública en sus ingresos anuales.

La normativa se llevará a cabo también con los grupos de interés que, desarrollando su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, estén inscritos en el Registro de grupos de interés de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en aquellos otros registros de participación y colaboración que funcionen de manera coordinada con la forma prevista en esta ley.

Se consideran grupos de interés 'las personas y organizaciones que, con independencia de su forma o estatuto jurídico, realizan en interés de otras personas u organizaciones actividades susceptibles de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas públicas o disposiciones normativas , en la aplicación de las mismas o en las tomas de decisiones de las administraciones y entidades del sector publico».

Además, la normativa precisa que tendrán la misma consideración las plataformas, redes y otras formas de actividad colectiva. No se considerarán grupos de interés las organizaciones intergubernamentales y las agencias vinculadas o dependientes de ellas, al igual que las corporaciones de derecho público cuando realicen funciones públicas.

Por ejemplo, la puesta en marcha de un servicio de informantes anónimos a los que se garantizará la protección y la confidencialidad. Este plan constituye una de las principales aportaciones de la normativa propuesta. De hecho, el anteproyecto incorpora un modelo alineado con la legislación europea y estatal y plantea medidas avanzadas para garantizar la protección efectiva de quienes denuncien coacciones.

La ley persigue como fin la información a la ciudadanía sobre la planificación de la actividad de las administraciones públicas y sus compromisos estratégicos, consolidando el principio de publicidad activa.

La nueva ley contempla también la promoción en formatos abiertos de todos aquellos datos que se consideren relevantes y el acceso de la ciudadanía a la información pública que obre en poder de las distintas organizaciones que forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La propuesta también se compromete a generar una cultura y hábitos de participación corresponsable en los asuntos públicos. Hasta ahora existen canales internos en la Administración para formalizar las quejas. El anteproyecto de ley pretende sobre todo activar canales externos para que acceda la ciudadanía desde el anonimato ya que se entiende que los internos ya están establecidos en el seno de la Administración vasca.

Se establecería un canal externo de denuncias gestionado por un nuevo organismo independiente que sería la Autoridad Vasca de Transparencia Gardena. Se atribuye a la Autoridad Vasca de la Transparencia la competencia para tratar las denuncias recibidas a través de un canal externo, garantizando independencia y confidencialidad. También se asegura que las personas puedan informar sin temor a represalias, lo que se considera que resulta clave para fomentar la denuncia de los casos de corrupción.

Aunque en un principio, el proyecto establece que será el Gobierno Vasco el que decida quién desempeñará la Presidencia de Gardena, la consejera Ubarretxena abre la puerta a la posibilidad de que sea el Parlamento Vasco el que tome la decisión tal como han propuesto algunos grupos parlamentarios. «Lo importante no es quien propone sino para qué», opina.

La publicación detallada en esta ley se realizará a través del Portal de Transparencia, adscrito orgánica y funcionalmente al órgano directivo competente en materia de transparencia.