Cristina Cifuentes aporta el certificado académico que acredita que superó el máster

La defensa de la expresidenta regional, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio contra la exdirigente popular un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2018, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Cifuentes, según el relato de hechos, obtuvo dicho posgrado en unas condiciones ventajosas entre 2011 y 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid. Cuando en marzo de 2018, 'eldiario.es' publicó que obtuvo su título con notas falsificadas, la dirigente popular estaba ya al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras destaparse el llamado 'caso máster' la presidenta regional se puso en contacto con María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación y funcionaria de la Universidad, y con el que fuera director del máster, Enrique Álvarez Conde, para que le ayudasen a acreditar ante la prensa que había hecho los cursos con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente. Para ello se falsificaron actas, trabajos y fechas.

El resultado fue un documento falso que la Comunidad de Madrid envió a los medios para intentar hacer pasar a Cifuentes como alumna reglada y con la defensa de su trabajo fin de máster acreditado «para evitar –según el escrito del fiscal– las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».

El Ministerio Público considera a Álvarez Conde, ya fallecido, y a Feito, para la que también pide 39 meses de cárcel, coautores indirectos del delito. La tercera acusada, aunque inicialmente hubo una veintena de investigados entre profesores y alumnos, es Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, se enfrenta a 21 meses de prisión porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.