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Las sentencias que tumban los requisitos lingüísticos en la Administración Pública han obligado en las últimas semanas a los partidos vascos a poner sobre la ... mesa sus propuestas sobre el uso euskera. El PNV trata de convencer a su socio del gobierno, el PSE, para acercar postulados en esta materia, y muestra de ello fue el texto firmado por las dos formaciones en el Parlamento Vasco en defensa del euskera. EH Bildu quiere ir más allá y este martes ha presentado una proposición para la modificación de la Ley de Empleo Público Vasco con la que «las exigencias lingüísticas sean generalizadas en los procesos de acceso, dotándolo al mismo tiempo de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas realidades organizativas y sociolingüísticas». Con esto pretende lograr consenso desde distintas «sensibilidades» para «cerrar el debate».
La formación soberanista vuelve a presionar a los jeltzales con este movimiento en su objetivo por modificar la ley para que las exigencias del euskera no sean tumbadas por los jueces. EH Bildu ya aprobó un texto junto al PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa instando a la Diputación para que tomara cartas en el asunto, aunque ese mismo documento no salió adelante semanas después en el Parlamento Vasco porque el PNV se echó atrás y prefirió aprobar junto a los socialistas una lectura en la defensa del euskera pero sin entrar en cambios legales. Cabe recordar que el PSE siempre ha defendido que hay que acatar las sentencias y que «el euskera no tiene que ser excluyente».
Con la modificación planteada, EH Bildu pide «revertir el funcionamiento actual, en el que las exigencias lingüísticas se aplican únicamente a las plazas previamente determinadas por los poderes públicos». «En el nuevo modelo, se partiría del principio inverso: la exigencia del conocimiento de ambas lenguas sería general, pudiendo exceptuarse, de forma justificada y objetiva, aquellas plazas determinadas por los poderes públicos», han explicado a través de un comunicado.
El nuevo sistema, dicen, «debería incluir un índice de exención, es decir, un porcentaje máximo de plazas para las que no se exija el conocimiento del euskera en el acceso. En estos casos, el conocimiento del euskera se valoraría como mérito».
En tales casos, plantean los representantes de la izquierda independentista, «existen condiciones objetivas que respaldan este cambio: según la VII Encuesta Sociolingüística, el 75 % de la población encuestada apoya la exigencia del conocimiento de las dos lenguas oficiales en la administración pública. Además, el conocimiento bilingüe entre la población joven (de 0 a 29 años) ha pasado del 50 % en 1986 al 90 % en 2021 en la Comunidad Autónoma Vasca».
La propuesta de «reforma estructural» que ha presentado la coalición abertzale «busca devolver seguridad jurídica al sistema, garantizar los derechos lingüísticos en un marco planificado y respetuoso con la pluralidad, y ofrecer una salida política y técnica que recupere el equilibrio y la legitimidad democrática del modelo de perfiles lingüísticos en el sector público vasco». Además, plantean «una intervención mediante una norma con rango de ley, ya que consideramos que una reforma mínima vía reglamento no será suficiente para salvaguardar el sistema actual».
También han señalado que «no podemos retroceder ni convertir el uso del euskera en la administración en un tema de debate mediático constante, ya que ello distorsiona y perjudica los avances cualitativos que la lengua necesita en este momento crucial. Debemos ofrecer una solución que permita cerrar el debate con un nuevo consenso». Y han destacado que «si logramos acordar una propuesta desde diferentes sensibilidades, estaremos enviando una señal positiva a la sociedad y creando las condiciones necesarias para abrir una nueva etapa en el proceso de revitalización del euskera».
EH Bildu considera, además, que se deben habilitar «más recursos y mayores facilidades para el aprendizaje del euskera, incluyendo planes de formación personalizados, liberaciones horarias, apoyo específico para personas que hayan accedido a la función pública sin acreditar el nivel lingüístico requerido, y acceso equitativo a estos recursos, independientemente del estatus laboral.
El lehendakari Imanol Pradales apostó este lunes por un «acuerdo amplio» en torno a los principios y ejes para la revitalización de la lengua en las próximas décadas. Anunció que 2027 se celebrará un Congreso de Revitalización del Euskera, en cuyos preparativos se comenzará a trabajar el próximo mes de septiembre, y realizó un llamamiento a toda la sociedad vasca, instituciones y partidos políticos a involucrarse en su impulso. También advirtió de que la lengua vasca está en «una encrucijada» y precisa «de una nueva dirección e impulso».
Asimismo, Pradales aseguró en que es «imprescindible» que la ciudadanía se implique y consideró que el euskera sigue vivo por «el apoyo, el compromiso y el trabajo incansables de miles de personas». Según subrayó, es por ello, que entre los ciudadanos de más de cinco años son casi 898.000 los que entienden y hablan bien en euskera, mientras en 1991 eran 532.000. «Hoy somos casi 366.000 personas más», enfatizó.
La defensa del euskera también se ha reforzado tras el desplante de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al lehendakari Imanol Pradales cuando este intervino en euskera en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Barcelona. Ayuso se marchó del encuentro y el lehendakari le reprochó su «numerito» por «una falta de respeto intolerable», para añadir que es «un pensamiento retrógrado que nos hace recordar momentos oscuros».
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