El Gobierno Vasco impulsará medidas para «reparar» a víctimas de casos sin resolver

El Gobierno Vasco incluirá en su agenda la necesidad de «buscar fórmulas reparadoras» para aquellas víctimas del terrorismo cuyos atentados no hayan sido resueltos. Este es uno de los ejes de trabajo que la Secretaría para la Convivencia, encabezada por Jonan Fernández, puso ayer sobre la mesa en la primera reunión de la legislatura que celebra el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo.

La apuesta porque los poderes públicos se involucren en el apoyo a los damnificados cuyos crímenes siguen aún pendientes de esclarecer -también en la investigación de los casos- es una demanda histórica de los colectivos de víctimas, que ha cobrado especial relevancia tras el acto de desarme de ETA. Ya en 2014, el Gobierno de Urkullu encargó un estudio para cuantificar el número de atentados sin resolver desde 1960 y analizar la situación en la que se encuentran las víctimas. El informe cifró en 218 el número de asesinatos terroristas que permanecen a día de hoy sin esclarecer, de los que la inmensa mayoría, un total de 197, fueron cometidos por ETA. Se centra en los expedientes sobreseídos y archivados por la justicia ante la imposibilidad de determinar quiénes fueron los autores materiales de dichos atentados.

Además de ratificar en el cargo de presidente del órgano al catedrático de Derecho Penal, el donostiarra José Luis de la Cuesta, el equipo de la Secretaría de Convivencia presentó a los participantes el contenido del nuevo plan de paz, con especial hincapié en la actuación en materia de damnificados.