La estrella opiácea se apaga

En 2017, al 17,4% de los habitantes del país de las barras y estrellas le prescribieron algún opioide. Eso son 48,5 millones de personas. La dimensión del drama que se está generando es uno de los pocos asuntos que han logrado el consenso general. Desde Barack Obama (2016) a Donald Trump claman contra la «mayor crisis de salud de nuestra historia».

El pasado jueves, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó en la Corte Suprema del Estado la denuncia que ya había prometido su alcalde, Bill de Blasio, en 2018. En un dramático escrito de 269 folios, James le puso nombres y apellidos a esta crisis. Y a sus supuestos culpables: la saga de industriales farmacéuticos Sackler, dueños de Purdue Pharma, el laboratorio que lanzó en 1996 OxyContin, un tratamiento «revolucionario» contra el dolor del que ocultaron su enorme poder adictivo. El anuncio puso en guardia a la poderosa industria farmacéutica, que estableció una 'guerra' por el mercado del dolor crónico.

En el texto, James achaca la responsabilidad de al menos 200.000 muertes en las últimas dos décadas a los excesos de estos fármacos de opio con receta legal. Denuncia que cada día más de 130 personas mueren en los Estados Unidos. Y que nueve son neoyorquinos. «No pueden convertirse en simple estadística. Son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Nuestros padres y nuestras hijas», afirma enfáticamente Letitia James.

Nunca han sido simple estadística, ya que famosos como Michael Jackson, Witney Houston, Heath Ledger o Prince, entre otros, se dejaron la vida por los excesos con estos fármacos. Pero la fiscal cita el caso de Sagie December Earley, una joven de Cazenovia (Nueva York) a la que el dentista le recetó opioides contra el dolor tras extraerle las muelas del juicio en 2017. Esto le generó una dependencia que la empujó a la heroína. Apareció muerta en diciembre pasado en el baño del aeropuerto de Syracusa (Nueva York) con una jeringuilla en un brazo y su tarjeta de embarque en la mano. Viajaba a un centro de desintoxicación de California. El día antes de Navidad habría cumplido 23 años.

Una historia individual que «se suma a un terrible precio», avisa la acusación pública. «Tan profunda y amplia es la franja creada por estos malhechores corporativos que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida promedio de un estadounidense ha caído en los últimos tres años de forma consecutiva», denuncia.

Esos «malhechores corporativos» contra los que Letitia James dirige toda su carga acusatoria, la saga Sackler, habían cumplido, hasta hace un par de años, con el molde clásico de la dinastía de tres generaciones emparentada con la mejor tradición de apellidos ilustres del sueño americano': ultrarricos, filántropos de la cultura y supuestos financiadores del bien común.

Ahora se enfrentan a lo que ya se anuncia como la «mayor causa judicial» de la historia del país. La semana pasada la legión de abogados de los Sackler sellaron un acuerdo para pagar 270 millones de dólares (cerca de 250 millones de euros) al Estado de Oklahoma para cerrar todas las reclamaciones que les llegan de allí. El 50% de los muertos por sobredosis de drogas en 2018 en este Estado fueron atribuidos a «drogas farmacéuticas», denunció al firmar el acuerdo su fiscal general, Mike Hunter.

Los acusados se han ahorrado una posible condena mayor y soportar un juicio que iba a televisarse el 28 de mayo para todo el país. El director ejecutivo de Purdue Pharma, Craig Landau, que habla siempre en nombre de la 'enmudecida' familia Sackler, se mostró «muy contento de haber llegado a un acuerdo con Oklahoma».

La cifra pactada ha recibido críticas por escasa. Pero los negociadores públicos insisten en que prefieren asegurar un dinero que irá destinado a investigar y crear centros de tratamiento de las adicciones. Sobre este imperio farmacéutico pende el miedo a una bancarrota que dejaría sin compensación a la mayoría de sus víctimas.

Temerosos del precio final de sus prácticas comerciales, los ocho miembros en activo de las tres generaciones Sackler llevan años transfiriendo parte de su fortuna ('Forbes' calcula que se acerca a los 12.000 millones de euros) a paraísos fiscales. Incluso crearon en 2007 una nueva compañía, Rhodes, que un extrabajador de Purdue Pharma calificó de «plataforma de aterrizaje» de los Sackler debido a la crisis de OxyContin.

Esto pondría en riesgo las denuncias que también tramitan más de 35 Estados, además de 500 ciudades y condados, hospitales, sindicatos y hasta padres con bebés que sufren síndrome de abstinencia neonatal. Los cálculos más realistas establecen que en las 1.600 causas presentadas están afectadas millones de personas. Atender a tantas víctimas ha costado a las arcas públicas, estatales y federales, unos 78.000 millones de dólares (cerca de 70.000 millones de euros), según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Además de su extensión como una gran mancha sanitaria por todo EE UU, el asunto se hace aún más complejo, ya que entre los acusados hay al menos otras diez compañías subsidiarias y distribuidoras de la cadena de fármacos. En enero de 2018 las demandas crecían tanto y tan repartidas en los despachos judiciales que una cumbre de magistrados federales decidió que las gestionara un solo juez. El elegido fue Dan Aaron Polster, del Distrito Norte de Ohio. Entonces, Polster habló de evitar informes y juicios para llegar a «una solución significativa dentro de un año».

Ese año ha pasado y, en una entrevista con 'The New York Times', el magistrado reconoce que «sabía que esto sería complejo y desafiante, pero resultó ser mucho más de lo que imaginé».

Discreto con los datos, solo ha filtrado alguna 'píldora' para entender cómo era la maquinaria industrial y letal de Purdue Pharma y sus cómplices: durante 10 meses de 2007, McKesson, una de las distribuidoras vinculadas a la trama, envió tres millones de opioides recetados a una sola farmacia en un pueblo de Virginia del Oeste de apenas 400 habitantes.

Por algo ya se les empieza a considerar en el país como «los mayores traficantes de drogas de la historia». Algunos analistas han llegado a decir que a su lado el 'Chapo' Guzmán, azote de la Agencia Antidroga (DEA), era un novato.

La defensa centra sus esfuerzos en demostrar que el fraude estaba en la cadena de custodia y eran otras compañías las que desviaban ilegalmente sus partidas. Esta opción extendería hacia las farmacias norteamericanas el reparto de culpables. No solo del denostado OxyContin, sino sus herederos como el fentanilo. La estrategia de estos abogados es llegar a un acuerdo global que cierre la puerta a demandas adicionales. Y garantizar que la documentación que maneja el juez nunca salga a la luz pública en una vista oral.

Por contra, los demandantes dicen que los fabricantes hacían publicidad fraudulenta al anunciar sus pastillas de liberación prolongada como no adictivas cuando «sabían lo contrario». Mientras, los distribuidores «ayudaban al fraude cerrando los ojos a los envíos excesivos». Los expertos calculan que el OxyContin y los derivados con fentanilo tiene un poder adictivo «40 o 50 veces superior a la heroína».

El asistente del juez Polster, David Cohen, ha propuesto a los denunciantes que identifiquen «al menos a 300 personas» que se hicieron adictas a los opioides y que muestren sus informes médicos. Parece sencillo porque el problema no deja de crecer. Las muertes por sobredosis por pastillas con receta se han multiplicado por cinco desde 1999, según los centros CDC.