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Un camión a su paso por la N-1 a la altura de Ordizia. JOSE MARI LÓPEZ

Los transportistas instan a la Diputación a «obligar» a los cargadores a costear los peajes

Dan «un plazo» a la Administración para que satisfaga su demanda y avisan de que, si no hay cambios, «se plantearán movilizaciones»

Lunes, 20 de marzo 2023, 18:36

Las principales asociaciones y sindicatos de transporte de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Santander han reclamado juntos a las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia que «obliguen» ... a los «cargadores» a hacerse cargo «de los peajes de la N-I y A-15 porque son ellos los usuarios de la carretera». En la asamblea que Hiru organizó el pasado fin de semana en Eibar para debatir el pago de los peajes, representantes de una decena de organizaciones como Guitrans o Transport Bilbao acordaron hacer público este lunes un duro comunicado conjunto para sostener que «la Administración debe hacer efectiva esa demanda de que los cargadores se hagan cargo del coste» porque «el usuario de la vía es la mercancía, no el transporte». Si no hay cambios, avisan en el comunicado, «se plantearán movilizaciones u otras medidas de presión».

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Los transportistas aseguran que no pueden «ni soportar ni asumir ese gasto de peaje desorbitado –que alcanzan en algunos casos los 28 céntimos por kilómetro recorrido–, que supone un porcentaje muy alto de su facturación» y que no pueden «repercutir a su cargador» ese gasto. Por ello, estas entidades consideran que «la Administración debe apoyar esta reclamación y activar las medidas necesarias para ello. En caso contrario, los cargadores se quedarán sin el servicio cercano y eficaz que ofrecen los transportistas autónomos y pequeñas empresas».

Demanda judicial

Aunque estas organizaciones hayan dado «un plazo» para que las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia cumplan con esta demanda, el sindicato de transportistas Hiru presentó este pasado viernes una demanda judicial a la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, Bidegi, por «prevaricación», al entender que el ente foral está «dificultando a los transportistas la labor de repercutir el coste del canon abonado a sus clientes al no tener ninguna factura y manera para justificarlo».

En concreto, la central achaca en su demanda que no tienen forma de repercutir sobre el cliente los «desorbitados precios de los peajes», puesto que los transportistas «no han recibido aún ni pueden consultar telemáticamente las facturas o tickets correspondientes». Si la Diputación pone en marcha una nueva norma –explican desde Hiru–, «por lo menos que lo hagan bien. Han pasado dos meses, la Diputación nos dice que tenemos la posibilidad de repercutir al cliente, pero no tenemos ni siquiera el coste o el justificante que determine lo que hemos pagado, no hay factura, no hay ticket, no hay nada».

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Fuentes del departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa negaron a este periódico «cualquier tipo de incumplimiento» en la norma foral sobre los peajes en la N-I y A-15 y aseguraron «no tener constancia» de ninguna reclamación al respecto.

Tercer sistema

El actual peaje para camiones de más de 3,5 toneladas en los trazados guipuzcoanos de la N-I y la A-15 entró en vigor el 23 de enero. Es el tercer sistema que pone en marcha Gipuzkoa, que es el primer territorio estatal que instauró el cobro al transporte en carreteras que no fueran autopistas. Lo llevó a cabo entre 2018 y octubre de 2021 en la N-I y la A-15, pero solo en tres tramos (Astigarraga, Andoain y Etzegarate) que sumaban 19 kilómetros. La Justicia, sin embargo, invalidó este sistema al considerar que resultaba discriminatorio, por lo que el departamento que dirige Aintzane Oiarbide optó por extender el cobro a todo el recorrido de ambas vías (76 kilómetros).

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La anulación del peaje anterior llevó a que Diputación haya recibido más de mil reclamaciones presentadas por transportistas para la devolución de la cuantía abonada durante los casi cuatro años que estuvo en vigor el canon a los camiones. Ninguna ha sido admitida, por lo que están acabando en los juzgados. Por el momento, la justicia ha dado la razón a tres camioneros, a los que dictó devolver 10.000 euros.

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