Stop Desahucios «impedirá» el desahucio de una inquilina de Benta Berri

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa ha señalado este jueves que «impedirá, si es necesario con un piquete», el desahucio de una mujer jubilada del piso de alquiler en el que vive desde hace 22 años en el barrio de Benta Berri, fijado para el próximo 9 de septiembre por un jugado de San Sebastián.

La portavoz del colectivo antidesahucios, Rosa García, ha hecho esa advertencia durante una concentración que medio centenar de activistas de la plataforma y miembros de las asociaciones vecinales Alokairu de Benta Berri e Inquilinos de Azora han celebrado este jueves ante la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián.

Con esta movilización y después de tres meses sin salir a la calle por el coronavirus, ha explicado García, la plataforma ha retomado «la lucha ciudadana contra los fondos buitre» que, en su afán «especulador y depredador», no atienden las demandas de sus inquilinos vulnerables que no pueden pagar las rentas.

Han personalizado esa lucha en dos casos, el primero de ellos, el de Victoria Noriega, de 63 años, perceptora de «una modesta pensión» que complementa con la RGI y una ayuda municipal, y residente desde 1998 en un piso de Benta Berri propiedad del fondo Testa Socimi-Blackstone, dueño de 510 VPO en ese barrio donostiarra.

Tras la demanda por impago de cuatro mensualidades, de 800 euros cada una, que interpuso el propietario, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Sebastián, tras el parón de actividad por la pandemia, «ha reactivado» el caso y ha fijado el juicio oral para el próximo día 16 y el desalojo para el 9 de septiembre.

«Testa Socimi-Blackstone ni ha retirado la demanda ni ha reubicado a Victoria» en otro piso más pequeño que sí podría pagar, «como lleva reclamando desde hace tiempo» y «es posible» porque «tiene allí dos apartamentos vacíos», ha asegurado García.

Ha agregado que han «informado por escrito» al propietario, al alcalde de San Sebastián y al responsable de la Delegación territorial de Vivienda del Gobierno Vasco, institución esta última a la que exige que «controle las listas y las adjudicaciones de las viviendas de VPO en alquiler» y, en último término, que «garantice el carácter público de las promociones que hace».

El suelo de esos pisos «sigue siendo propiedad» del ejecutivo autonómico, ha advertido García, quien ha indicado que los promotores «obtuvieron importantes beneficios y exenciones fiscales» en la construcción y «han sacado pingües ingresos» con los alquileres «desde su adjudicación en 1998».

Tampoco el fondo Testa Socimi-Blackstgone, ha criticado, ha tenido en cuenta que el piso de Victoria «está incluido por el Gobierno Vasco en el catálogo de viviendas sujetas a exoneración de rentas» por la crisis sanitaria, algo que también sucede en el caso de Ingrid Flores, de 39 años que vive con su marido y su hijo de 14 años en un piso de la calle Salud, propiedad del fondo de inversión Azora, dueño de 320 viviendas en distintas ubicaciones de Donostia.

Ingrid se quedó sin su trabajo de empleada doméstica en abril, por lo que es «víctima directa de la pandemia y puede acogerse al decreto 11/2020 para que le condonen las rentas de mayo y junio que no ha podido pagar», ha recalcado García, a pesar de lo cual Azora «ha optado» por el prorrateo de las cuotas impagadas hasta que finalice su contrato.

Tanto Ingrid como Victoria han estado presentes en la concentración, al igual que representantes de EH Bilbu, Podemos y el sindicato CCOO.