Jóvenes miran pisos en alquiler en una agencia inmobiliaria de San Sebastián. Michelena

Un retraso que se explica por la autonomía de las haciendas vascas

El Gobierno ha sido el encargado de elaborar los índices de referencia de todas las comunidades autónomas excepto los de Euskadi y Navarra

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Martes, 29 de julio 2025, 20:29

Con la incorporación de San Sebastián, Gipuzkoa suma ya cinco localidades oficialmente reconocidas como zonas tensionadas, lo que implica la adopción de medidas extraordinarias ... previstas en la Ley estatal de Vivienda de 2023, como el límite a la fijación de los precios de algunos alquileres, a las subidas de las rentas en contratos activos, y protecciones adicionales para los inquilinos. Además de la capital, el resto de municipios son Errenteria (desde el 31 de enero); e Irun, Zumaia y Lasarte-Oria (1 de mayo).

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Sin embargo, la medida más relevante y polémica que establece la normativa para estos casos, como es el establecimiento de un tope a las rentas en viviendas propiedad de grandes tenedores (con 5 o más pisos en la zona), así como en las que salen al mercado por primera vez en los cinco últimos años, no se puede aplicar todavía.

El motivo es que el índice que marca los precios de referencia que sirven como base para establecer esos techos de precio no está publicado aún. Tampoco los de Bizkaia y Álava.

El retraso que acumula Euskadi se explica por la singularidad vasca, en concreto por su autonomía fiscal, que entre otras cuestiones supone que cada territorio disponga de su propia Hacienda, diferenciadas de la Agencia Tributaria estatal.

Para elaborar el índice de precios de referencia se toman en cuenta, entre otros, los datos tributarios de los arrendamientos declarados en la zona en cuestión. Un trabajo que para la mayoría de comunidades ha hecho el Ministerio de Hacienda, pero que en Euskadi y Navarra corresponde a sus haciendas particulares, que son las poseedoras de los datos.

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Así que el Ministerio ha tenido que esperar a que la Hacienda de Gipuzkoa le facilite los datos. Esta, a su vez, ha tenido que colaborar con el Instituto vasco de Estadística (Eustat) para realizar una aproximación al índice conforme a los criterios que marca el Estado, ya que este también considera datos no estrictamente fiscales, como el esfuerzo de las familias para pagar un alquiler, el estado de conservación de los inmuebles...

Así las cosas, el proceso se ha alargado y el Ministerio de Vivienda no recibió los datos de Gipuzkoa hasta finales de junio, lo que ha dificultado aprobar el índice antes de agosto.

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