La exigencia del euskera en Uliazpi abre un nuevo foco de tensión entre PNV y PSE
El líder de los socialistas de Gipuzkoa critica el recurso de los jeltzales contra la sentencia del TSJPV que tumba la OPE por exigir el perfil 2 para 34 de las 32 plazas
Los dos socios del Gobierno foral, PNV y PSE, han abierto un nuevo foco de enfrentamiento, en este caso a cuenta del euskera. El lunes la Diputación de Gipuzkoa anunció que había recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló la oferta pública de empleo (OPE) para cuidador de la Fundación Uliazpi, entidad pública que da servicio y apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. El TSJPV intervino tras el recurso presentado por dos aspirantes que denunciaron sentirse discriminados por no acreditar el nivel de euskera exigido.
La institución foral, liderada por Markel Olano, entiende que la sentencia es «absolutamente injusta desde el punto de vista de los derechos de los euskaldunes», por lo que es su obligación presentar el recurso para garantizar que el servicio en Uliazpi respete «la opción lingüística» de los usuarios. La OPE ofertaba 34 plazas, de las que en 32 exigían acreditar el perfil 2 de euskera, mientras que en las otras dos se valoraba como mérito.
El paso dado por la Diputación fue duramente criticado este martes por el segundo teniente de diputado general, el socialista José Ignacio Asensio, quien denunció que la decisión había sido adoptada «de forma unilateral por el PNV, sin que haya habido consulta alguna». Asensio añadió que esta forma de proceder «no se corresponde con la lealtad que se espera de un socio en un Gobierno de coalición».
El diputado foral asegura que la sentencia no pone en cuestión los derechos lingüísticos.En su opinión, el TSJPV lo que rechaza es que «se superen las exigencias que marca la ley, poniendo en riesgo el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad». El secretario general de los socialistas guipuzcoanos explica que «si legalmente se marca un objetivo del 65% de personas con conocimiento del euskera en las plazas públicas, lo que parece a todas luces excesivo es aplicar esta exigencia, con un perfil B2, en más del 90% de las plazas, concretamente en 32 de las 34 ofertadas en la OPE».
Asensio concluye que la presentación del recurso en «vísperas de unas elecciones no es lo más prudente ni lo mejor para la ciudadanía y tampoco para impulsar el conocimiento y el uso del euskera».
El PP se sumó a las críticas por boca de su candidato a diputado general, Mikel Lezama. «Es desproporcionado recurrir una sentencia que defiende el derecho de todos los ciudadanos vascos a acceder a la función pública», señaló el actual concejal popular en Donostia.
Urkullu, «preocupado»
La iniciativa de la Diputación fue precedida el mes pasado por el rechazo a la sentencia por parte del lehendakari. Urkullu manifestó su «preocupación y disgusto» por el fallo. A su vez, los grupos junteros de PNV y EH Bildu aprobaron el 20 de marzo, al hilo de la sentencia del TSJPV, una resolución en la que se señala que exigir a un empleado público el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la CAV no es discriminatorio.
Esta y otras sentencias que han fallado en contra de los requerimientos de conocimiento del euskera en las ofertas públicas de empleo han llevado al Gobierno Vasco a mover ficha. La viceconsejera de Política Lingüística, Miren Doroban, anunció el jueves de la semana pasada que iba a promover una «hoja de ruta» sobre este asunto. El objetivo es comprobar si hay «algo que cambiar o debilidades» en la actual legislación sobre la exigencia de las aptitudes lingüísticas en la contratación pública.
Este rifirrafe se suma al que protagonizaron PNV y PSE en la Diputación a cuenta del mantenimiento de los descuentos que se aplican a los usuarios del transporte público. En el Ayuntamiento de Donostia, donde estos dos partidos también gobiernan en coalición, han tenido roces, por ejemplo, por los cambios de tráfico.
Recurso contra la anulación de un contrato de transporte escolar
Los toma y daca provocados por la exigencia del euskera no se limitaron ayer a la polémica suscitada por la OPE de Uliazpi. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, anunció que el Ejecutivo autonómico tiene la intención de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula un contrato público en el que se establece que las relaciones entre una empresa dedicada al transporte escolar y el Departamento de Educación debían desarrollarse «también en euskera».Para ello, la empresa «habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera necesarias para que la relación pueda desarrollarse» en este idioma. La sentencia del TSJPV considera una «imposición» exigir el mismo nivel de euskera a los trabajadores de una empresa privada en su relación con la administración pública que al personal funcionario, dando la razón a la compañía demandante. El texto señala que «el derecho de los funcionarios a desarrollar sus actividades en euskera ha de garantizarse por la administración en su ámbito interno». Ahora bien, «no puede traducirse en una imposición para el resto de los agentes que se relacionan con los entes públicos». Zupiria, quien compareció ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, explicó que el Ejecutivo no está conforme con esta resolución. En consecuencia, «tanto el Departamento de Gobernanza como el de Cultura y Política Lingüística consideramos que debemos recurrir».
