La Diputación recurre la sentencia que anuló la OPE de Uliazpi

La OPE para cuidador de la Fundación Uliazpi, convocada por la Diputación de Gipuzkoa en 2020, ofertaba 34 plazas, de las cuales 32 exigían euskera, concretamente acreditar el perfil 2 de euskara. En las dos restantes se valoraba como mérito. Según el fallo, el llamado índice de obligado cumplimiento, que establece que un 65% de las plazas públicas deben ser para personas con nivel de euskera, «no puede trasladarse a las bases de la convocatoria de acceso al punto de sacrificar» el derecho a acceder al empleo público «a quienes no acrediten el conocimiento lingüístico requerido».

Una vez conocida la decisión del TSJPV el Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, señaló que era «un movimiento peligroso» contrario a los derechos lingüísticos y un «duro golpe para los euskaldunes» y avanzó la intención de su ejecutivo de recurrir «hasta el último extremo», paso que ha llegado este lunes.

En una nota, el ente foral subraya que era su obligación presentar el recurso para garantizar que el servicio prestado en Uliazpi se haga respetando «la opción lingüística» de los usuarios.

En concreto, la institución foral ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y un segundo ante el propio TSJPV, según ha informado la portavoz Eider Mendoza. La primera por «infracción del Derecho estatal» alegando que la sentencia «vulnera los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, que obligan a las administraciones públicas a seleccionar personas empleadas debidamente capacitadas para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales», así como que «interpreta erróneamente la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual exigir un nivel de conocimiento de la lengua cooficial para acceder a determinados puestos no es desproporcionado si esa exigencia deriva de la naturaleza de sus funciones».

Asimismo, el recurso ante el propio TSJPV por «infracción del Derecho autonómico» alega que la sentencia «infringe los preceptos de la Ley de la Función Pública Vasca que regulan la adecuación de los procesos de selección de personal a los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo, preceptos que interpreta de forma contradictoria con sentencias anteriores del mismo TSJPV».

Mendoza ha recordado que el conocimiento del euskera cuenta con el respaldo e una amplia mayoría de la sociedad guipuzcoana, citando los resultados del sociómetro de primavera, donde las personas encuestadas muestran un grado de acuerdo de 7,67 puntos sobre 10 ante la afirmación de que el personal de la administración pública de Gipuzkoa debería saber euskera.