La Diputación recurrirá «hasta el último extremo» la decisión del TSJPV sobre la OPE de Uliazpi
El Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, considera que es «un movimiento peligroso que no garantiza los derechos lingüísticos de los euskaldunes»
El Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, ha confirmado que recurrirán la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nula una ... OPE de la Diputación por exigir euskera en el 94% de las plazas ofertadas para cuidador en la Fundación Uliazpe. «Es un movimiento peligroso que no garantiza los derechos lingüístico de los euskaldunes y nos vemos en la obligación de recurrir hasta el último extremo», señala Olano. Además, admite que se trata de un «duro golpe para muchos hablantes de la lengua vasca».
Olano señala que la Diputación ha hecho un «estudio profundo» junto a los responsables de Euskalgintza, lo que ha confirmado que «tenemos que hacer frente a esta sentencia». Asimismo, considera que es «importante ir con este proceso hasta el final y ver que pasos podemos dar, porque hemos visto socavados nuestros derechos». También recuerda que «la igualdad linguistica es necesaria para garantizar una sociedad guipuzcoana y vasca coesionada».
El Diputado General ha puesto en valor el «esfuerzo continuado durante más de 40 años en aras de la normalización del euskera y de la igualdad lingüística». Señala que con esto se ha buscado que no haya en Gipuzkoa «ciudadanos de primera y de segunda» según la lengua que eligan, con el objetivo de que «la administración y los funcionarios públicos están para servir a la ciudadanía y esta decisión es un paso atrás importante».
65% de plazas con euskera
La OPE para cuidador de la Fundación Uliazpi, convocada por la Diputación de Gipuzkoa en 2020, ofertaba 34 plazas, de las cuales 32 exigían euskera. Según recoge el fallo, al que ha tenido acceso este periódico, el llamado índice de obligado cumplimiento que establece que un 65% de las plazas públicas deben ser para personas con nivel de euskera «no puede trasladarse a las bases de la convocatoria de acceso al punto de sacrificar» el derecho a acceder al empleo público «a quienes no acrediten el conocimiento lingüístico requerido».
Señala el tribunal que «lo que no puede hacer la Administración Pública es trasladar el mencionado objetivo a una convocatoria asignando al 94% de las plazas convocadas un determinado perfil lingüístico en euskera para así alcanzar o aproximarse al índice».
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