«Una paciente llegó con el párpado caído, se compró bótox por Amazon»

Esta profesional considera que este tipo de casos han aumentado por la baja percepción de riesgo que tiene la ciudadanía acerca de estas intervenciones. «La gente se piensa que va a la peluquería», expone. El caso más extremo le llegó hace unos meses, el de «una chica joven que compró bótox asiático en Amazon y se lo puso una amiga viendo un tutorial en Youtube». ¿El resultado? «Se le cayó el párpado y ahora tendrá que estar así 6 meses», explica Salas, que más allá de los locales clandestinos o trastiendas de peluquerías pone la alerta sobre las clínicas estéticas «bien puestas, que no harían saltar las sospechas pero quien inyecta no es un médico, o cuentan con productos de calidad inferior. Y luego hay mucha infección, granulomas, deformidad estética, labios salchicha...».

Desde la clínica donostiarra Isturiz, la médica estética Carla Isturiz también observa cómo «hay mucha gente que va a centros con licencia de medicina estética pero quien realiza los tratamientos no es personal cualificado. Hay personas pintando uñas y pinchando labios».

Por ello recomiendan a la ciudadanía «que pregunten y comprueben que tienen la titulación adecuada». Porque «en general no se denuncia», lamentan.

Aunque los anuncios con los que se promocionan tienen todos los boletos para ser fraudulentos, destapar casos como el de las supuestas cosmetólogas que actuaban en un piso de Donostia, y que fueron detenidas por la Ertzaintza este pasado marzo, «es complicado», según afirma Xabier Ibarrondo, oficial de investigación de la Ertzain-etxea de Bilbao, que participó en la operación llevada a cabo en Bilbao a comienzos de este mes. «En este caso tuvimos la colaboración ciudadana, que nos comunicó de la existencia de un perfil en Instagram sospechoso por los servicios (un 'full face') y precios que ofrecía. Pero normalmente la gente no suele denunciar, quizá por vergüenza o miedo», explica Ibarrondo, que reconoce que muchos casos no salen a la luz. «Tiene que haber un mercado oculto que no se detecta y se escapa».

En este sentido, llama a concienciar a la ciudadanía sobre «el peligro» al que se expone, así como a endurecer las penas de prisión -2 años-. Fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa explican que «si se limita a trabajar sin el título adecuado se queda en multa, pero si se anuncia públicamente como profesional de la titulación que no tiene o ejerce en un local que se anuncia, va hasta los dos años de prisión». En las dos intervenciones realizadas en la capital guipuzcoana y en las que hubo condena, uno de los casos terminó en 18 meses de multa y el otro, prisión de 24 meses y multa de 9 meses por intrusismo y falsedad documental, además de una indemnización a pacientes por 5.300 euros por tratamientos facturados sin ser médico.

Según explican desde el Comgi, «este año nos hemos reunido con el grupo especial de la Ertzaintza que se ocupa de los delitos contra la salud pública y hemos establecido una línea directa 24/7, lo que nos facilita enormemente la larga tarea de investigación que hemos tenido que hacer cada vez que hemos tenido notificación de casos irregulares».