Medio Ambiente impone dos sanciones al mes por vertidos contaminantes a ríos de Gipuzkoa

El año pasado fue, con datos hasta el 31 de octubre, el que menos vertidos ilegales se destaparon, con 41 en los diez primeros meses, lo que lleva a una proyección de 49 a final de año, la cifra más baja del sexenio. Ese medio centenar supone un 55% menos que el año precedente (110) y un 30% menos que los 70 contabilizados en 2018, anterior registro más bajo. De esos 41 casos, tuvieron efectos relevantes para el medio ambiente 17, el 41%.

Aunque no se puede decir que un vertido de materiales o sustancias a un entorno acuático sea inocuo, no todo derrame tiene consecuencias catastróficas. De hecho, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco tiene autorizados en Gipuzkoa cerca de 800 puntos de vertido regulado, que generan el 95% de la carga contaminante en el territorio. Esto es, la amplia mayoría del impacto medioambiental que producen los vertidos al medio hídrico está controlado.

Incluso URA subraya que el estado de los ríos y la costa de Gipuzkoa «ha mejorado ostensiblemente» en los últimos años, gracias al endurecimiento de la normativa medioambiental y a los programas de seguimiento del agua que se efectúan de forma recurrente. En el año 2022, por ejemplo, la agencia encargada de llevar la política de aguas en Euskadi evaluó 11.524 analíticas remitidas por las personas o entidades que disponen de permisos de vertido, además de otros 708 muestreos propios.

Según estos escrutinios, el porcentaje de ríos que en Gipuzkoa cumplen con los objetivos medioambientales y tienen un estado o potencial ecológico aceptable ha aumentado en 24 puntos desde 2009, pasando del 64% al 89%.

La consejera vasca de Medio Ambiente, Arantxa Tapia (PNV), explica en una respuesta parlamentaria a una pregunta de la portavoz del PP, Muriel Larrea, sobre las funciones que cumple la Agencia vasca del Agua, su nivel de actividad y qué medidas correctoras y sanciones ha impuesto, el mayor porcentaje de carga contaminante en los entornos acuáticos de Gipuzkoa procede de las aglomeraciones urbanas. Es decir, de los sistemas de saneamiento comarcales que recogen las aguas residuales, tanto de hogares como de empresas. Estas descargas, en todo caso, están controladas y pretratadas para rebajar su impacto medioambiental.

En concreto, en 2022 se contabilizó en Gipuzkoa una carga contaminante total equivalente a 1.255.232 habitantes (frente a los 720.000 reales), de la que el 92% se generaba en núcleos urbanos de más de 2.000 personas. En el conjunto de Euskadi, la carga contaminante de ríos, lagos, embalses y litoral equivalía a 3.914.498 habitantes, frente a una población real de 2,2 millones de ciudadanos.

Además de los autorizados, se producen también vertidos descontrolados que se originan por diversas causas, como roturas en las redes, fugas o escapes, accidentes...

De esta tipología se detectaron en Gipuzkoa 41 en los diez primeros meses del año pasado y 494 desde el 1 de enero de 2018. El principal origen de estos vuelcos de agentes extraños al medio acuático es la actividad industrial (158 casos en el sexenio), seguida de escapes en las redes de saneamiento (66), y movimientos de tierra por obras (59) que generan sedimentos que acaban llegando al agua enturbiándola. En uno de cada cinco casos (102) el origen del vertido no llega a ser identificado.

Otras procedencias menos frecuentes son fugas en las redes de aguas pluviales (41 casos), actividades agropecuarias (29), accidentes de tráfico (23), lixiviados –líquidos formados por los residuos, ya sea por la descomposición de desechos orgánicos, el derrame de los líquidos que están dentro de envases, etc...– (9), o labores de extinción de incendios (7).

De este medio millar de incidentes, cerca de la mitad (225) fueron catalogados como 'relevantes'. Esto es, que han dejado afecciones de diferente grado en el medio natural.

Al mismo tiempo, URA ha impuesto 146 sanciones por estos hechos, de las que 87 correspondían a vertidos con impacto relevante. El año más intenso en este sentido fue 2021, con 32 expedientes sancionadores iniciados. En el lado opuesto, el año pasado fue el menos punitivo, con apenas 12 procedimientos abiertos hasta el 31 de octubre.

Para detectar vertidos irregulares la colaboración ciudadana es fundamental, ya sea de la propia persona/empresa/entidad que provoca voluntaria o involuntariamente el derrame, como de testigos.

De hecho, siete de cada diez casos (363, el 73%) se descubrieron gracias a llamadas directas de particulares a la agencia (24) o al teléfono 112 de SOS Deiak (339). Esta segunda opción es la que recomienda el Gobierno Vasco en caso de que un particular localice una situación anómala, ya que este servicio actúa no solo como receptor de avisos de urgencia, sino como centro coordinador de todas las entidades que lo integran: policías, bomberos, Osakidetza, Protección Civil, Cruz Roja, DYA, URA... De este modo se consigue reducir el tiempo de reacción. Además de los avisos de particulares, en 85 ocasiones fue la propia URA la descubridora del incicidente, y en las restantes 46, otras entidades o administraciones públicas.

Una vez que se identifica el vertido anómalo en la inspección que realiza personal de URA, se procede a adoptar las medidas correctivas oportunas para tratar de detener el vertido, minimizar su efecto y limpiar la zona afectada. URA destaca a este respecto que se otorga «la máxima prioridad» a los vertidos anómalos «con afección a la vida piscícola». Y explica que en estos casos se cuenta con la colaboración de la Diputación, que se encarga no solo de recoger los ejemplares muertos, sino también de remitir los resultados de las necropsias, y se pone a disposición de la Er-tzaintza toda la información por si hubiera indicios de delito.

Si se identifica al causante del vertido, se le requiere a tomar cuantas medidas sean necesarias para minimizar sus efectos negativos y evitar ulteriores incidentes. En base al principio de que 'quien contamina paga', en general el responsable del vertido debe sufragar los costes derivados de las acciones preventivas y reparadoras del daño medioambiental producido. Sin embargo, si existe justificación adecuada y el causante adopta medidas correctoras en tiempo y forma, se paraliza el procedimiento y no se inicia un expediente sancionador.