Juan José Gil (Secretario general de Fenadismer): «Gipuzkoa falla al Estado de Derecho al mantener su peaje para camiones y recurriremos si lo sigue cobrando»

- La Diputación de Gipuzkoa prepara un decreto para poder seguir cobrando el peaje para camiones de la N-I y la A-15 tras confirmar el Tribunal Supremo la nulidad de la norma foral que lo sustenta. ¿También lo recurrirán?

- Vamos a esperar a ver qué dice ese decreto, pero tenemos claro que recurriremos todo lo recurrible mientras la Diputación siga obcecada en mantener un peaje que la Justicia ha declarado ilegal. Ya sea el decreto que presente ahora, la futura norma foral que sustituya a la invalidada... Lo que sea.

- ¿Tiene alguna previsión de qué tipo de cambios pueden acometerse en ese decreto para amoldar el peaje a lo que critica la sentencia, la discriminación a los transportistas foráneos?

- No. Lo que sí sabemos es que un decreto no es una norma foral y en ese sentido supondrá la prórroga de una norma invalidada por los tribunales y, por tanto, que la Diputación seguirá incumpliendo la sentencia.

- En el caso más extremo, y dado que el fallo rechaza el esquema instaurado pero no la existencia de un peaje en sí mismo, la manera más clara de no discriminación podría ser que sean de pago toda la N-I y toda la A-15, en lugar de solo tres tramos. ¿Teme que pueda ser peor el remedio que la enfermedad?

- Eso depende de la Diputación. Nosotros lo que pedimos es que se elimine el peaje.

- Mientras se prolonga el contencioso judicial, los camioneros siguen pagando...

- Nos sorprende mucho que tras la última decisión del Supremo se siga cobrando el canon. ¡Es que ese peaje se sustenta en una norma declarada nula por la Justicia en una sentencia que ya es firme! En primer lugar, nos parece una irresponsabilidad por las consecuencias futuras que puede traer para la propia Administración. Por otro lado, la Diputación de Gipuzkoa está fallando al Estado de Derecho incumpliendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratificada por el Supremo y, por tanto, ya firme. Si una administración pública puede incumplir una sentencia judicial firme, ¿dónde queda el Estado de Derecho?

- Se puede pensar que aunque en el futuro hubiere que devolver el dinero, habrá muchos transportistas que no lo reclamen y que es mejor ingresar ahora y devolver una parte que dejar de cobrar...

- Las empresas en España tienen por ley la obligación de guardar las facturas durante cuatro años, y el peaje se implantó hace tres y medio, así que se puede afirmar que todas las empresas de transporte, al menos las españolas, tienen los justificantes necesarios para exigir la devolución del dinero.

- Ustedes no se dan por vencidos, pero la Diputación tampoco. Ha presentado un incidente de nulidad ante el propio Supremo y si se rechaza, pedirá amparo al Constitucional...

- Una nueva artimaña judicial de la Diputación, que se obstina contra viento y marea en una estrategia suicida e irresponsable, en lugar de rectificar y reconocer su error. En nuestra opinión, ese incidente de nulidad no tiene ningún futuro porque no va contra una sentencia, sino contra un auto de inadmisión de un recurso que ya explica claramente los motivos de su no aceptación. Así como debo admitir que la no admisión a trámite del recurso nos ha sorprendido, entendemos que lo previsible es que este incidente tampoco será admitido a trámite.

- Lo cierto es que parece que el pago por uso de las vías de alta capacidad es lo que viene. el gobierno central lo ha planteado para toda España a partir de 2024, y no solo para camiones...

- Son dos cosas distintas. Estando lógicamente en contra de la propuesta del Gobierno, en el caso de Gipuzkoa de lo que se trata es de la discriminación de un sistema de peaje claramente diseñado para que paguen más los transportistas de larga distancia que cruzan la provincia que los camioneros de tráfico local. Y fíjese que la distinción que hago no es entre guipuzcoanos y foráneos, porque supongo que habrá transportistas de Gipuzkoa que también pasan por los tres arcos. Fue evidente desde un principio, con los arcos más caros en Irun y en Etzegarate, justo en los límites del territorio, y con un peaje en Andoain que era de pega. Eso se ha intentado camuflar con las modificaciones que se hicieron luego (traslado del pórtico de Irun a Astigarraga y ampliación de la zona de pago en Andoain), pero como deja claro el último auto del Supremo, el fondo del asunto no ha variado y existen los mismos indicios de discriminación que antes, porque el peaje está pensado para lo que está pensado.

- No quiero caer en la demagogia del argumento de que mi abuela pensionista no tiene por qué pagar el desgaste de unas carreteras que no usa, pero la tesis de que la Diputación de Gipuzkoa no puede sostener con su presupuesto limitado el mantenimiento de unas vías transnacionales usadas por miles de transportistas de toda Europa no es descabellada...

- Es que ese argumento se cae por su propio peso. Precisamente la situación geográfica de Gipuzkoa juega en este caso a su favor, no en su contra.

- ¿En qué sentido?

- Es una obviedad que el gasóleo es más barato en España que en Francia, y que los consumos de carburante en Gipuzkoa son muy superiores a la media por el 'efecto frontera'. En 2019, Gipuzkoa recaudó por Impuesto de Hidrocarburos 450 millones de euros, una cuantía muy superior a la de cualquier provincia equiparable en tamaño y flota de camiones. De hecho, ya calculamos en su día que los ingresos por Hidrocarburos en Gipuzkoa son un 300% superiores a los que le correspondería por su flota de camiones. Con eso creo que queda demostrado que el sector del transporte ya aporta un exceso de ingresos suficiente a la Hacienda de Gipuzkoa para pagar el mantenimiento de sus carreteras. Porque, además, ¿cuánto invierte la Diputación en carreteras cada año? ¿40-50 millones? Diez veces menos que lo que ingresa por Hidrocarburos. No creo que se pueda decir que el 'efecto frontera' le salga poco rentable a Gipuzkoa.