Iñaki Subijana Presidente del Tribunal Superior vasco

«Comparto el malestar por tener que repetir los juicios de la jueza apartada, pero no hay otra alternativa»

– La semana pasada compareció en el Parlamento y alertó de la alta congestión en los juzgados vascos y de la necesidad de incrementar el número de jueces. ¿Es un problema urgente?

– Sí, sobre todo en algunos puntos. Hemos hecho un informe de necesidades y los datos reflejan que, por ejemplo, en los juzgados de instancia de Donostia la situación es altamente preocupante porque la carga de trabajo ronda ahora el 170% de lo que sería la carga de trabajo ya asumida por un juzgado de estas características. Y en el órgano Penal ya empieza a ser preocupante también.

– ¿Cuál puede ser la solución? La especificidad del cargo de juez supongo que no facilita incrementar las plantillas de golpe...

– La solución no es sencilla. La estructural sería el incremento del número de jueces, que ahora mismo se está produciendo a cuentagotas. De hecho, este año no se ha creado ninguna plaza judicial en todo el Estado y el año pasado en Euskadi se crearon solo dos. Con ese nivel de creación de unidades judiciales, evidentemente la situación va a permanecer o se va a agravar en el futuro.

– ¿Las medidas para aumentar la plantilla judicial dependen en exclusiva del Gobierno central o las instituciones vascas tienen algo que decir?

– La competencia es exclusiva del Estado. Las comunidades autónomas pueden trasladar necesidades, pero la decisión le corresponde al Estado.

– ¿La alta congestión en los juzgados equivale a que entran más asuntos de los que salen?

– No solo eso. Eso sería el elemento de pendencia, pero la congestión es como el histórico, las pendencias que se van acumulando año a año y que dan lugar a una cifra de congestión. Por poner un ejemplo, el juzgado de instancia número 5 de Donostia, a 1 de enero de 2025, va a tener ya un acumulado unos 8 meses de trabajo agendado, al que se le añade el que ingresará ese año. Todos los juzgados de lo Civil están muy congestionados. El juzgado número 8 de Donostia, por ejemplo, lo está por todo lo que tiene que ver con las cláusulas suelo. Y lo previsible es que la situación global empeore si no se toman medidas.

– Las estadísticas delictivas de la Ertzaintza muestran una tendencia al alza en los delitos que se cometen en Euskadi. ¿Eso también tiene su reflejo en la saturación de la Justicia?

– Sí, se nota en los juzgados de instrucción, en los de violencia contra la mujer y en los juzgados de lo Penal.

– Algunos de estos delincuentes son reincidentes. Las instituciones y la propia Policía suelen denunciar que, en ocasiones, estos reincidentes son detenidos pero a las pocas horas vuelven a estar en la calle. ¿Eso puede dar una sensación de impunidad?

– Esto de la sensación de impunidad es un debate muy viejo, lo que ocurre es que el incremento de la criminalidad registrada lo hace más visible. Culturalmente, solemos asociar la privación de libertad como la pena más eficaz. Y si no hay privación de libertad, hay impunidad. Yo no soy partidario de una cultura punitivista que considere que la privación de libertad es la única sanción que se puede imponer. Porque, además, la prisión provisional, por concepto, es excepcional. Y hay que tener en cuenta que, para que una persona sea reincidente, tiene que haber sido enjuiciada y condenada previamente. Por lo que en muchos supuestos de reiteración delictiva aún no se es reincidente.

– Esta semana la Delegación del Gobierno en Euskadi ha informado de que ha expulsado a sus países de origen a 55 delincuentes reincidentes, 19 en Gipuzkoa. ¿Considera que esta medida es efectiva en casos de reincidencia de personas extranjeras?

– Es lo que dice la ley, que contempla la expulsión bien como medida adoptada por los jueces en el ámbito penal, o bien como medida administrativa adoptada por la Administración. Si concurren esas premisas que justifican la expulsión, es el cumplimiento de lo que establece la ley.

– La Memoria de la Fiscalía vasca del año pasado señalaba que con algunos países no es fácil llevar a cabo esas expulsiones porque no reconocen la nacionalidad de esas personas.

– Es cierto. El país del que el expulsado es nacional debe aceptarlo. Y ahí está habiendo problemas, porque hay países, por ejemplo Marruecos o Argelia, que no reconocen a sus nacionales, que no aceptan readmitirlos en su país, lo que impide su expulsión.

– Recientemente, una jueza sustituta en el juzgado de lo Social número 5 de San Sebastián ha sido apartada de sus funciones tras acumular 198 sentencias sin dictar. ¿Es un caso inédito?

– Es excepcional. Creo que es la primera ocasión en la que hemos tenido que acudir a un remedio de estas características respecto a una jueza sustituta. Por fortuna es excepcional porque la situación creada es muy perjudicial para las personas que han visto que se ha celebrado un juicio, que han pasado meses o más de un año y que no han tenido sentencia. Además, ahora se ven abocados a la alta probabilidad de que deba celebrarse un nuevo juicio.

– ¿Cuál ha sido el papel del TSJPV en este asunto?

– Ha sido doble. Por una parte, cuando tuvo conocimiento de la situación, dio traslado al promotor de acción disciplinaria para que valorase si procedía o no la incoación de un expediente disciplinario. Se incoaron hasta tres, pero la jueza afectada no respondió a ninguno. Entonces hicimos otra reflexión. ¿Qué elementos tenemos como sala de gobierno para afrontar esta situación? Anualmente tenemos que hacer una propuesta de jueces sustitutos para el año siguiente al Consejo (CGPJ) y le trasladamos que entendíamos que esta persona no es idónea para el ejercicio de la jurisdicción. El Consejo aceptó la propuesta y no la incluyó en la lista de sustitutos para este año.

– ¿Y la segunda medida?

– La no inclusión de esta jueza en la lista no solventaba el serio problema de esos 198 casos sin sentencia. ¿Qué hacemos con ello? La única opción que tenemos como sala de gobierno es proponer una medida de apoyo a ese juzgado, para que otra jueza pueda sacar ese trabajo acumulado en seis meses. Eso sí, nosotros no le podemos decir cómo tiene que hacerlo, es una decisión jurisdiccional. La jueza nombrada tendrá que decidir si repite todos los juicios o en algún caso puede dictar la sentencia. Lo normal es que tenga que volver a celebrar los juicios por la garantía de inmediación, porque el juez que juzga es el que debe dictar sentencia.

– Esta situación ha generado enfado en muchos afectados.

– Entiendo y comparto el malestar de los afectados y de los profesionales que no han tenido sentencia y que ahora ven que probablemente se tendrá que celebrar un nuevo juicio. Pero es el único instrumento que existe. Que no es bueno, es el menos malo, pero no hay otro. Estoy abierto a que, si alguien me plantea otra propuesta diferente, estudiarla con seriedad. Por muchas vueltas que le hemos dado, no hemos encontrado ninguna vía alternativa a la adoptada.

– ¿No hay mecanismos para darse cuenta de que una jueza está dejando 200 casos sin resolver?

– Mecanismos para detectar la situación, sí. Mecanismos para la respuesta, sólo hay uno: la suspensión como medida cautelar en el ejercicio de las funciones. Y esa competencia no la tiene la sala de gobierno del TSJPV, radica en el promotor de la gestión disciplinaria, el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros monitorizamos la situación de los juzgados, detectamos el caso y lo comunicamos inmediatamente.

– En las últimas semanas la violencia machista ha vuelto a golpear a Gipuzkoa con el asesinato de Leonor en Pasai Antxo a manos de su expareja. ¿Todavía hay mucho margen de mejora en la protección a las mujeres víctimas de violencia machista?

– Se ha recorrido un camino importante respecto a lo que podíamos tener hace 20 años, pero hay un margen de mejora todavía, sobre todo en los ámbitos de acompañamiento y de protección. En la protección, recientemente hemos tenido una noticia muy positiva, al integrar por fin el sistema estatal VioGén y el sistema autonómico EBA. Además, las instalaciones de los juzgados de violencia de género en Euskadi se han renovado para adaptarse a las exigencias de la víctima.

– ¿En qué se debe mejorar?

– Tenemos que hacer una reflexión sobre qué hacemos con las víctimas que no quieren denunciar o que denuncian y luego retiran la denuncia. Analizar si ahí tenemos que implementar criterios de protección pública al margen de la voluntad de la víctima.

– ¿Aumentaría la protección a las víctimas que no denuncian?

– Sí, con un criterio avalado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que habla de la protección positiva o proactiva. Es decir, que los poderes públicos, cuando se enfrentan a victimizaciones altamente vulnerables, y esta es una de ellas, deben ser proactivos.

– ¿Eso en qué se traduce?

– Activemos todos los elementos para aportar información sobre esas situaciones (ciudadanos, educativos, médicos...), porque a veces hay más información de la que pensamos. Y luego, en aquellos casos donde detectemos altísimos riesgos de revictimización y alta vulnerabilidad, adoptemos medidas de protección y mantengámoslas aunque la víctima decline. Eso se está haciendo en muchos casos, pero el punto en el que tenemos más dificultades, por desconocimiento, son las víctimas que no denuncian. Por eso hay que reivindicar también una proactividad de los entornos públicos y privados para facilitar ese conocimiento. Cada vez que se produce un asesinato de este tipo nos queda una gran frustración.

– El TSJPV ha puesto en marcha un proyecto piloto para celebrar juicios en euskera. ¿Será una realidad en 2025?

– En 2025 se pondrán en marcha nueve proyectos piloto y a partir de ahí haremos un análisis para poder seguir caminando en este modelo de justicia bilingüe.

– ¿Pero en 2025 todavía no se celebrarán los primeros juicios?

– No puede haberlos porque nos movemos en un marco legal que es el que es. Lo que queremos es adelantarnos a un marco legal diferente, y para eso queremos trabajar ya el escenario para poder celebrar un juicio, que es lo más complicado. Pero primero debe reconocerse ese derecho legal.