Hosteleros de Gipuzkoa reclaman en tromba indemnizaciones por el cierre forzoso de bares

Era cuestión de tiempo que los establecimientos de hostelería de Euskadi reclamaran una indemnización por las limitaciones que desde el inicio de la pandemia se ha impuesto a su actividad. Y ahora, con el respaldo que ha mostrado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) con el fallo emitido este martes, el sector ha cogido carrerilla y se espera «un aluvión» de tramitaciones, entre las que figuran establecimientos de todos los tamaños, desde pequeñas tabernas hasta restaurantes con estrella Michelín, como Arzak. Las indemnizaciones pueden oscilar entre los 10.000 y los tres millones de euros, en función del establecimiento.

Hacer un recuento de los locales guipuzcoanos que se han movilizado hasta la fecha es «bastante complejo», señalan desde los despachos consultados y desde la asociación Hostelería Gipuzkoa. «Son varias las plataformas que se han puesto en marcha en el conjunto del Estado para ayudar en estos procedimientos», pero sí coinciden en el aumento de llamadas recibidas esta semana.

Iñigo Marcos, de Sunion Abogados, uno de los despachos que está centrado en estos procedimientos, reconoce que «sí han subido las consultas desde el martes», cuando el TSJPV consideró que «no hay una clara influencia entre la apertura -de bares- y la mayor incidencia del virus», y que por tanto, la medida decretada por el Ejecutivo de Urkullu en diciembre, por la cual todo municipio con una incidencia acumulada superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días estaba obligado a cerrar su hostelería, carecía de soporte legal suficiente.

Ahora bien, Marcos insiste en que la práctica totalidad de las plataformas no están centradas en reclamar al Gobierno Vasco los cierres decretados en noviembre o los asociados a la incidencia del virus, sino que el objetivo es reclamar al Gobierno central una indemnización por el perjuicio que pudo ocasionar el estado de alarma, que se prolongó desde el 14 de marzo hasta el 18 de junio.

El motivo es que el plazo que establece la ley para cursar dichas reclamaciones «es de un año desde que se inicia o finaliza el hecho que causa el perjuicio económico, por lo que si no se hace ahora, no podrá hacerse en el futuro», señala Marcos.

Fuentes consultadas explican que las demandas por perjuicio patrimonial deben cursarse de manera individual, por lo que las plataformas se encuentran ahora recibiendo la documentación acreditativa de ingresos y gastos de los últimos años de cada uno de los establecimientos.

Así, cada local reclamará «el 100% de las pérdidas ocasionadas durante esos 58 días de estado de alarma, si bien deberán estar debidamente justificadas y peritadas», señala Kino Martínez, quien recuerda a sus asociados que la fecha tope para iniciar el procedimiento es el próximo 1 de marzo.

El secretario general de los hosteleros guipuzcoanos reconoce que hace ocho meses «no veíamos viable dichas reclamaciones», pero tras ver el respaldo inicial de la justicia, «hemos cambiado de opinión». De hecho, señala que fue hace quince días cuando empezaron a animar a los socios a dar este paso por dos motivos. Por un lado, «porque la idea de que los cierres decretados son injustos ha ido ganando peso, y así lo dicen también las resoluciones judiciales, y por otro, porque si en estos momentos se sigue pulsando la vía judicial, quizás el Gobierno Vasco se plantee una negociación con el sector para encauzar nuestra situación».

Así, el primer paso es la reclamación de los daños del primer cierre, del cual «ya tenemos la argumentación jurídica determinada y es que la ley establece que quien sufra daños y perjuicios como consecuencia de la declaración de estado de alarma tiene derecho a reclamarlo», explica Iñigo Marcos.

Ahora bien, determinar las posibilidades de éxito «resulta complejo», confiesa. «Dependerá de la documentación que puedan aportar, que es uno de los principales problemas que nos encontramos, pero no se puede dejar perder un derecho que se tiene», anima.

Respecto a si será posible extender dichas reclamaciones a los cierres decretados por el Gobierno Vasco, como el obligatorio de noviembre o los asociados a la incidencia del virus a partir de diciembre, indica «estar analizando su viabilidad. Es muy factible que más adelante empiecen a interponerse también contra la administración vasca, pero para ello tenemos algo más de plazo».

Jorge Ruiz, de Indemniza, es algo menos optimista. «El primer estado de alarma transgredió la legislación, pero el actual se ha hecho en base a la legislación propia de seguridad sanitaria. Las reclamaciones autonómicas no van a ser tan sencillas», señala.