La financiación de los descuentos en la Mugi provoca un choque institucional en Gipuzkoa

El alcalde donostiarra, Eneko Goia (PNV), calificó de «irresponsabilidad» que se tome una decisión de este calado cuando aún no está claro si el Gobierno central cubrirá el 30% del coste de los descuentos, como ocurre en la actualidad, ni tampoco si el Gobierno Vasco se hará cargo del 10% que también asume hasta final de año. No es casual que haya sido Donostia la primera en alzar la voz, ya que mientras la Diputación tiene consignada en sus presupuestos una partida para cubrir un déficit de recaudación de alrededor de 9,5 millones que le generaría la prolongación de los descuentos, el Ayuntamiento de Donostia tendría que afrontar una bajada de recaudación de 7,5 millones en Dbus que no tenía previsto cubrir en su totalidad.

Las estimaciones que ha realizado la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), a las que ha tenido acceso este periódico, cifran en 24,3 millones de euros el coste total (en pérdida de recaudación) que los descuentos del 50% tendrían en 2023 en todo el sistema Mugi, donde se incluyen los viajes en Lurraldebus, Euskotren y varios operadores municipales de autobuses, entre los que destaca por peso el donostiarra Dbus.

La diputada foral de Movilidad, Rafaela Romero (PSE), ha tomado la iniciativa para que Gipuzkoa se convierta en el primer territorio del Estado en garantizar la prolongación de los descuentos en el transporte público a partir del 1 de enero, y además durante todo 2023, pero este movimiento ha generado tensiones con sus socios del PNV en el Gobierno Vasco, la propia Diputación y varios ayuntamientos. Este miércoles Eneko Goia no se mordió la lengua en una entrevista radiofónica y, sin posicionarse en contra del mantenimiento de los descuentos, consideró «irresponsable» garantizarlos sin saber si habrá financiación por parte de las instituciones que ahora colaboran en las rebajas.

El alcalde donostiarra reconoció que la decisión adoptada en el seno de la ATTG le «preocupa muchísimo» porque no se ha aclarado «cómo se va a financiar» dicho descuento para el transporte público, lo que le parece un «ejercicio de irresponsabilidad». Apuntó que los primeros cálculos del Ayuntamiento arrojan que el descenso de la recaudación de Dbus si el consistorio asume la totalidad de los descuentos podría alcanzar los 10 millones de euros.

Goia puntualizó que «es evidente que a todos nos gusta el descuento», pero insistió en que «hay que aclarar cómo se va a pagar, y eso no se ha aclarado». Señaló que, en el caso de Donostia, la decisión de mantener la ayuda del 50% «nos afecta muchísimo, porque Donostia es la mayor operadora de Mugi de Gipuzkoa». Y acusó al Departamento de Movilidad de estar actuando «en contra de los intereses de Donostia».

El alcalde advirtió que, si la financiación «recae sobre los ayuntamientos, otro tipo de demandas razonadas que venimos haciendo, como la de ampliar el servicio de buses, se van a ver significativamente afectadas». Así, el alcalde jeltzale defendió que «esto lo deben saber los ciudadanos, porque lo que no se paga a través de la Mugi se pagará de otra forma, y otros servicios se verán afectados». El primer edil también censuró la actitud del PSE, acusando a los socialistas vascos de ser «desleales».

La diputada de Movilidad, Rafaela Romero (PSE), replicó a Goia que en todo el debate abierto en la ATTG el Ayuntamiento de San Sebastián «no ha dicho esta boca es mía» y ahora se ha apresurado a censurar la decisión de prolongar los descuentos en el transporte público. La diputada socialista aseguró que el mantenimiento de las rebajas tiene «todo el sentido del mundo» puesto que las circunstancias económicas que llevaron a la adopción del descuento «no han cambiado».

Romero recordó que la prórroga del 50% de descuento en las tarifas Mugi se aprobó el martes «por consenso» de PNV, EH Bildu y PSE en la Comisión de Integración Tarifaria de Gipuzkoa, el órgano técnico-financiero de la ATTG. Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián se ausentó de esa reunión, donde el voto afirmativo del PNV llegó por parte del Ayuntamiento de Zarautz. A pesar de las críticas de Donostia, se da por seguro que la asamblea de la Autoridad del Transporte acabará ratificando lo decidido por la Comisión.

Rafaela Romero dijo no entender la reacción de Goia. «¿Está diciendo el alcalde de San Sebastián que el Gobierno Vasco, la Diputación y los ayuntamientos -qué están representados en la Autoridad del Transporte- están siendo irresponsables? El consistorio donostiarra estuvo en dos de las tres reuniones en las que se ha tratado esta cuestión y hasta hoy (ayer) no ha dicho esta boca es mía. No se entiende ese posicionamiento de Goia, ni esas grandes palabras», añadió.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, también se pronunció este miércoles sobre el mantenimiento de los descuentos en el transporte, aunque evitó entrar en polémicas con sus socios del PSE. Su llamamiento se dirigió al Gobierno central, ya que interpeló a Pedro Sánchez para que siga aportando una subvención del 30% para el transporte público en 2023 -adicional a la gratuidad que ya ha decretado para los bonos de Renfe-, lo que permitiría que las instituciones vascas solo deban cubrir el 20% de la rebaja, como ocurre hasta ahora.

Urkullu señaló que espera que Sánchez «siga impulsando esta medida» más allá del 31 de diciembre. «Es lo que creo justo reclamar», subrayó en unas declaraciones a los periodistas tras el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos celebrado ayer en Oñati. El lehendakari recordó que el pleno del Parlamento Vasco «aprobó la semana pasada mantener la bonificación del 50% e implementarla con el análisis de la bonificación en base a tramos de rentas y el poder adquisitivo de los ciudadanos vascos».