El Gobierno Vasco obligará a los ayuntamientos a ceder suelo para construir VPO

Aprobado el pasado mes de mayo y presentado este miércoles ante la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana en el Parlamento Vasco como último trámite antes de su puesta en marcha, el documento plantea modificar la Ley del Suelo 2006 en lo relativo a los aprovechamientos urbanísticos. Todo ello para que, por primera vez en la historia, el Ejecutivo autonómico disponga de terrenos propios y no tenga que depender de los suelos que pueda -o no- ceder un consistorio para impulsar promociones públicas. Este cambio normativo se hará de la mano de la Ley de Medidas Urgentes que se prevé aprobar antes de que concluya el año si no se producen contratiempos.

Lo que se persigue con este cambio legislativo es «agilizar trámites» para sacar adelante un mayor número de proyectos residenciales públicos. Hasta ahora, la captación de suelo municipal por parte del Departamento de Vivienda para impulsar VPO se ha venido haciendo mediante acuerdos y convenios firmados con las distintas localidades. Un «modus operandi» que, según el propio Ejecutivo autonómico, genera una «procelosa gestión administrativa» y una «captación ineficiente, asistemática, sin criterios homogéneos e irregular en el tiempo que desemboca en una distribución geográfica y territorial aleatoria y desequilibrada».

Lo que se pretende hacer ahora es crear una Reserva Estratégica de Suelo, anunciada por el propio lehendakari, Imanol Pradales, el pasado mes de enero para que el Gobierno vasco, que por sí mismo no es propietario de ningún suelo, evite tener que solicitar parcelas a los ayuntamientos. ¿Cómo? Reduciendo el porcentaje de suelo planificado por ley que corresponde a los ayuntamientos (15%) y que supone una importante inyección económica en la financiación local.

Según ha detallado este miércoles el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, ese porcentaje será compartido entre el Gobierno vasco, que se quedará con el 5% de los aprovechamientos de suelo municipal, y el propio ayuntamiento, que obtendrá el 10% restante. «Es fundamental que el Ejecutivo autonómico vaya incorporando suelos a su propiedad para poder modular los desarrollos urbanísticos con una visión de país en aquellos sitios que requieran de recrecer la oferta», defendieron fuentes del departamento.

Eso sí, se establecerán unos umbrales mínimos para la cesión de esos solares. Portavoces del área liderada por el consejero Itxaso explican que la Ley de Medidas Urgentes fija que los terrenos que pasen a manos del Ejecutivo autonómico deberán tener capacidad para construir al menos una promoción de 20 VPO, que es «el rango mínimo con el que actúa el departamento».

3.250 millones de inversión

El plan trianual presentado este miércoles ante los grupos políticos y que desplegará una inversión sin precedentes de 3.250 millones de euros, se rige bajo tres fundamentos políticos -reformas, recursos y acuerdos con los ayuntamientos- y cinco ejes estratégicos: la promoción de la vivienda asequible, la rehabilitación del parque edificado, impulsar las ayudas y prestaciones, transformar el sector de la construcción hacía la industrialización y la gobernanza.

El objetivo principal es construir 5.250 alquileres protegidos en los próximos tres años (7.000 a lo largo de la legislatura completa), además de extender las zonas tensionadas o crear un fondo social por la vivienda en el que estén implicados inversores privados, el Banco Europeo de inversiones y el Instituto de Crédito Oficial. Asimismo, tal y como contempla la Ley de Medidas Urgentes, se apuesta por impulsar las ayudas al alquiler o hacer más atractivos los programas de captación de vivienda vacía, como Bizigune, entre otras cuestiones. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia las 116.000 viviendas protegidas, de compra y alquiler, recogidas en el Pacto Social por la Vivienda para el año 2036.

Itxaso ha reconocido que la situación actual de la vivienda en Euskadi se resume en cinco puntos: «Una producción de vivienda insuficiente, demanda creciente, transformación de la sociedad vasca, un mercado de alquiler tensionado y viviendas vacías», que se prevén movilizar. «No lo ocultamos ni lo maquillamos: lo asumimos con realismo, pero también con determinación», lanzó el responsable autonómico.

Pese a la defensa del texto, la oposición calificó el documento como un plan «sin ambición». EH Bildu reconoció que el informe de trabajo es «más profundo» que el anterior plan de vivienda, pero criticó que no se hayan vinculado las acciones «con partidas presupuestarias concretas» ni se haya establecido una temporalidad. El portavoz de la coalición soberanista, Xabier Astigarraga, aseguró que el plan es «continuista» y denunció que «no se ha llegado a ningún consenso» respecto a la cesión de suelos por parte de los ayuntamientos.

Por su lado, el PP afirmó que la situación actual viene derivada «del fracaso de un modelo intervencionista», cuyas consecuencias está «pagando la ciudadanía». «Este plan director no va a servir de gran cosa. Es un modelo basado en la restricción, y si no hay oferta, los precios van a seguir creciendo. Debe haber un impulso público para que haya un marco flexible», afirmó la parlamentaria, Ana Morales. El portavoz de Sumar en el Parlamento, Jon Hernández, también mostró sus discrepancias con el plan. Criticó el documento por «su falta de coherencia» y señaló que «el parque público que se plantea es absolutamente insuficiente».

Respecto a los grupos que comprenden el Gobierno, Adrián Fernández (PSE) aseguró que el plan es «valiente y ambicioso», mientras que Jonatan Moreno (PNV) justificó que las medidas contempladas en el documento «van en buena dirección» para atender «a las personas vulnerables, pero también a las clases medias».