Gipuzkoa controlará las ayudas que cobran los familiares que cuidan de dependientes

Así, por primera vez la Diputación exigirá formación básica (un curso de 16 horas) a las nuevas solicitudes de la prestación de cuidados en el entorno familiar, rescindirá la ayuda a los cuidadores que tengan más de 85 años y visitará una vez al año los hogares donde haya un dependiente cuidado por un allegado, «una de las asignaturas pendientes», reconoció Iribar, que da por hecho la «polémica» que suscitarán las modificaciones en un sistema de profundo calado social.

No estarán exentas de debate otras medidas como la unificación de las cuantías de las prestaciones, que premia a los grados medios y perjudica a los leves; la exigencia de formación a los asistentes personales (los cuidadores contratados) o el refuerzo de la prestación vinculada al servicio, es decir, el dinero que se paga a un dependiente que ingresa en una residencia privada a la espera de recibir una plaza pública. La reforma supondrá inyectar 3,5 millones de euros más al sistema, que ya deja una factura al año de 60 millones de euros a las arcas forales, o sea, al bolsillo de todos los guipuzcoanos.

Cuidados en el entorno familiar

Los mayores de 85 años no podrán ejercer de cuidadores

En la actualidad, cerca de 11.000 personas dependientes cobran entre 180 y 520,69 euros de máximo al mes por ser cuidados en su domicilio por un familiar. Una de las decisiones de calado que ha tomado el departamento es que las personas con un grado II o III de dependencia (los dependientes moderados y graves) que sean cuidadas por una persona mayor de 85 años no podrán continuar cobrando la prestación ni acceder a ella en esas condiciones. Estas personas podrán optar por elegir a otro cuidador familiar de menor edad o solicitar la prestación para contratar a un asistente personal, una modalidad que cada vez cobra más auge en Gipuzkoa y que ofrece cuantías más elevadas para precisamente hacer más atractiva esta ayuda frente al modelo familiar, la filosofía inicial recogida en la Ley de Dependencia. La diputada subrayó la importancia de garantizar la calidad de los cuidados, pero también insistió en «cuidar al cuidador». «Una persona de 85 años o mayor que soporta el cuidado principal de una persona dependiente sufrirá un coste personal», de forma física y emocional.

La formación básica se exigirá solo a las nuevas solicitudes de esta modalidad. Quienes hasta ahora estén cobrando la ayuda no tendrán que pasar por el cursillo que está diseñando la Diputación, pero se calcula que por la propia rotación del sistema en los próximos seis años habrán pasado por la formación todos los futuros cuidadores familiares. Hasta ahora se ofrecía un curso voluntario en el marco del programa Sendian, que no alcanza el millar de personas al cabo del año.

La supervisión de las ayudas se hará una vez al año. Los servicios sociales -queda por determinar quién se hará cargo- cursarán visita a las personas dependientes cuidadas por un familiar. «Lo peor que puede pasar es que las prestaciones se conviertan en una pensión y eso está sucediendo», dijo Iribar, quien lamentó que muchos solicitantes no vuelvan a recurrir a los servicios sociales una vez empiezan a cobrar la ayuda. «Si Mahoma no va a la montaña...», resumió.

Asistencia personal

Se pedirá a los cuidadores acreditar su formación

La prestación para contratar a un asistente personal la cobran 5.035 personas dependientes en Gipuzkoa, una cifra que va al alza y que la Diputación espera incrementar en otros 250 nuevos puestos de trabajo con estas medidas. Para cobrar esta ayuda, basta con presentar el contrato laboral de la persona cuidadora (en su mayoría mujeres y extranjeras, con escasa formación).

Con la entrada en vigor de la reforma, y en cumplimiento con la legislación estatal, las personas cuidadoras deberán acreditar un determinado nivel de formación, un proceso de acreditación que compete al Gobierno Vasco y que tiene todavía varios flecos sueltos. Todas las personas cuidadoras deben inscribirse en el registro habilitado por el Ejecutivo autónomo para pasar por esa formación o acreditar una experiencia suficiente (número de horas y años de trabajo). El límite es el día 20. Aquellas que queden fuera por la escasez de plazas tendrían hasta 2022 para acreditar esa cualificación, según la propuesta elevada por el Gobierno Vasco y que está pendiente de acuerdo con el Gobierno central y el resto de comunidades.

Iribar explicó que se pretende flexibilizar los requisitos y ofrecer un margen suficiente para «no expulsar» de golpe y porrazo a miles de cuidadoras del mercado o impedir el trabajo a cuidadoras que, aun sin tener formación, ya forman parte de la vida diaria de los dependientes. «Eso sería terrible».

Prestación vinculada a servicio

Más dinero y posibilidad de quedarse en la plaza privada

La tercera pata del sistema de prestaciones económicas de dependencia es la prestación vinculada al servicio, una ayuda de escaso desarrollo en Gipuzkoa, que ahora cobran unas 180 personas y que se quiere potenciar. Esta prestación se podrá cobrar desde el minuto cero en el que una persona que haya solicitado una plaza pública esté en lista de espera (en lugar de los tres meses mínimos ahora requeridos).

La paga permitirá sufragar el coste de la estancia en una plaza privada, con miras a reducir la lista de espera, el problema que trae de cabeza al departamento por una demanda cada vez mayor. Para hacer atractiva esta opción, la Diputación incrementará de forma notable las cuantías para los dependientes moderados y graves, hasta un máximo de 800 y 900 euros al mes, respectivamente. La propuesta, además, es que si la persona dependiente lo prefiere pueda mantenerse en la residencia privada aunque haya quedado disponible una plaza pública, para lo que seguiría cobrando la ayuda.