La Fiscalía de Menores avisa del riesgo de dejar en libertad a agresores sexuales por el retraso con las pruebas biológicas

No es una simulación. Se trata de un caso real ocurrido recientemente en nuestro territorio, y que no es único. La Fiscalía de Menores de Gipuzkoa advierte de que el retraso de los análisis de las pruebas biológicas en casos de agresiones sexuales está poniendo en peligro los procedimientos judiciales hasta tal punto que los agresores han estado «a días» de quedar en libertad. En todos los casos finalmente las pruebas resultaron positivas y fueron condenados. «Tenemos un problema grave y urge tomar medidas», advierte la fiscal de Menores de Gipuzkoa, Mercedes Bautista.

Cuando se denuncia una violación en las horas posteriores a la agresión, la víctima es trasladada a un centro sanitario donde, además de darle la medicación necesaria (la píldora del día después y pastillas contra el VIH y enfermedades de transmisión sexual), un médico forense le realiza un examen en el que recoge, mediante hisopos (bastoncillos), muestras de sus genitales tanto exteriores como interiores. Estas son remitidas al Instituto Nacional de Toxicología (INT), con sede en Madrid, el cual tiene la competencia para su análisis. «Es una prueba importantísima porque muchos chavales niegan que haya habido penetración», señala la fiscal; «la declaración de la víctima es prueba bastante para condenar en un juicio, pero con pruebas biológicas desmontas al 100% la declaración del agresor».

El aumento de denuncias por agresiones sexuales está suponiendo un aumento de la carga en los juzgados, pero también en el INT, donde el análisis de las muestras recogidas en las víctimas se está demorando tanto que el Ministerio Público se ha visto obligado este mismo año a recurrir a medidas excepcionales, como pedir a la Policía Científica de la Ertzaintza que analizase las pruebas en sus laboratorios de Erandio. «Fue por una denuncia que hemos recibido este mismo año en la que esa prueba era crucial y queríamos evitar que volviese a ocurrir. Desde la Ertzaintza se ofrecieron a colaborar, si bien dejándonos claro que esa no era su función y que se trataba de un favor puntual», explica Bautista.

Se trata de una situación que afecta gravemente a la jurisdicción de menores debido a sus plazos procesales, mucho más reducidos que en la de adultos. El tiempo máximo que un menor puede estar internado en un centro de menores como medida cautelar tras ser detenido es de seis meses, más tres prorrogables. «En esos nueve meses se le tiene que detener, tramitar el procedimiento, tramitar la acusación, celebrar el juicio y dictar la sentencia», explica la fiscal. No obstante, los retrasos también provocan que los procedimientos por violaciones en adultos se desarrollen con una «lentitud con la que hay que acabar».

«Tenemos un serio problema y se necesitan más medios personales en menores desde ya», insiste Bautista, que pide soluciones. Plantea por un lado «o que se cree una unidad especial en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid para lo que tiene que ver con la jurisdicción de menores» o que se «descentralice el instituto y que en las comunidades autónomas se cree un instituto de toxicología que tenga por objeto analizar todo el material biológico de los hechos que suceden en su territorio».

El 2023 fue un año récord en cuanto a denuncias por delitos sexuales en Gipuzkoa. Y este 2024 ha arrancado en enero con 37 casos denunciados, el doble que el año anterior. Unos datos que a juicio de la fiscal Mercedes Bautista resultan «positivos», en tanto suponen un reflejo de que las mujeres «se han plantado y no pasan ni una». Sin embargo ese aumento de trabajo tiene también su lectura negativa, la del aumento de la carga de trabajo en el ámbito judicial, ya de por sí colapsado. «Existe un desbordamiento en Justicia, con mucho estrés y ansiedad en las personas que trabajan en la administración, pero hay consecuencias prácticas que afectan muy seriamente a los procedimientos». Es por ello que urge a tomar medidas, para lo cual apela a las instituciones públicas. «Hay que dar una respuesta institucional, no sé si Euskadi tiene competencias para crear este instituto aquí, pero nos facilitaría mucho el trabajo», reconoce.

En la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa se han vivido momentos de «mucha tensión» por la demora en los resultados de las pruebas biológicas. «Hemos estado llamando constantemente, reclamando las pruebas porque vencía el plazo», asegura Bautista, que reconoce el «temor» que siente de que «un agresor sexual que ha cometido un delito de violación grave quede en libertad a los nueve meses porque no tienes otra opción». En este sentido advierte de que en la jurisdicción de menores los delitos que se denuncian «son de gravedad», de agresiones sexuales con penetración. «Son pocos casos, pero los que hay son graves. De ahí la urgencia».