«Después de 14 años de lucha, por fin hemos conseguido que nos indemnicen»

«Siempre me decían que era algo genético y yo me preguntaba por qué era el único de mi familia al que le había pasado esto, si ninguno de mis hermanos padecía nada», se lamentaba Álex, que revela que fue en el año 2008 cuando en una visita al traumatólogo, éste le sugirió que podría ser una de las víctimas del fármaco. «Las fechas coinciden. Yo nací en 1963 y mi madre, haciendo memoria, me dijo que había sido una tía quien le había dado unas pastillas y que luego le dijo que las tirase porque podía ser malo para el bebé», cuenta el guipuzcoano de ahora 61 años.

Con aquellos niños que ya rondan los 70 años, las responsabilidades tanto de la farmacéutica Grünenthal como del Estado se diluyeron, ya que hace una década se estableció por ley que no recibirían una pensión, como pedían, pero sí que serían indemnizados con 12.000 euros por punto de discapacidad reconocido. La ley no se cumplió y «en 2018 la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) decidió reclamar ante la justicia», explica Rafael Basterrechea, vicepresidente de la entidad. No fue hasta noviembre de 2023 cuando los primeros afectados comenzaron a cobrar esa ayuda.

«Todos los afectados tienen de media un 60% de discapacidad reconocida», afirma Basterrechea, lo que significa que le corresponderían unos 720.000 euros por una vida afectada por un medicamento usado por sus madres con prescripción médica. El año pasado Mariano Garmendia, de 47 años, fue uno de los dos guipuzcoanos que se encontraban incluidos en la aprobación del Real Decreto que reguló las ayudas para 130 personas víctimas de la talidomida en toda España.

Este vecino de Legorreta tiene reconocida una minusvalía del 90% que descubrió en el año 2012 cuando vio un reportaje sobre afectados por talidomida. Entonces decidió contactar con Avite, asociación a la que todavía pertenece. «Estoy muy contento por mis compañeros, después de tanto tiempo, por fin van a poder ser indemnizados», expresaba Mariano, ya que cuando a él le informaron que había sido beneficiario se lo tomó con alegría, pero a la vez con descontento por los compañeros que fueron reconocidos como víctimas en 2010, pero que en ese momento no.

«Los afectados fuimos sometidos a una evaluación, caso por caso, por parte del Instituto Carlos III de Madrid y en el País Vasco tuvimos que pasar el reconocimiento médico en el Hospital Universitario de Cruces, donde solo fueron reconocidos los casos de un vizcaíno y de dos guipuzcoanos», detalla. Fue por ello que Avite decidió recurrir. «No sabemos por qué el comité del Instituto Carlos III usó unos criterios tan restrictivos. Cometieron muchos errores y no permitían recurrir, a pesar de que el propio Estado ya había reconocido a través de otro tipo de resoluciones que eran afectados» explica Ignacio Martínez, el abogado que representa a Avite.

Tras un largo y arduo proceso judicial la asociación logró una victoria en el Tribunal Supremo a finales de junio de este año que, con dos recientes resoluciones, obliga a reconocer la condición de los afectados por la talidomida sin tener que volver a pasar un examen. «Cuando me informaron fue un 'shock', no me lo creía. Yo tengo un reconocimiento del doctor Klaus Knapp, que fue quien descubrió que el origen de las malformaciones era la talidomida. Además he pasado por varios peritajes, pero eso no era suficiente hasta ahora. Me alegré mucho porque hay gente muy necesitada que no puede valerse por sí misma y que realmente necesita de esta ayuda», cuenta Álex.

El Defensor del Paciente, asociación de la que también forma parte Martínez, celebra que se enmendara una ley lograda después de «veinte años de lucha y cinco de retraso, lo que podría ayudar a desbloquear y entregar a las víctimas los 130 millones de euros previstos». Sobre todo, levantar «la ayuda denegada» que habían reclamado los afectados de manera individual y que servirá para «afrontar su difícil vejez», recalca el abogado.

Aunque «la lucha todavía no ha acabado, ya que al aplicar la ley, el Gobierno lo que ha hecho es retener el 47% por rendimiento de trabajo», explica el vicepresidente de Avite. «Es otra batalla que llevamos, por un lado, por la vía política y, por otro, en los juzgados, donde están recurridas las retenciones». Los que lograron reclamar la indemnización tras largos años de lucha el año pasado, como Mariano Garmendia, vieron cómo les quitaban casi la mitad en impuestos. «Yo cobré la ayuda y me quitaron directamente la mitad, encima por rendimiento de trabajo.Es una absoluta vergüenza. Esperemos que la ley salga adelante en septiembre», recalca.

«La última resolución es un gran avance, ya que ha permitido que más afectados sean indemnizados. Pero ahora nuestra lucha seguirá en el Congreso para que no nos quiten la mitad de la indemnización», finaliza Basterrechea.