Arranca el juicio por la muerte de Santi Coca con la selección del jurado popular

El juicio arranca esta mañana en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa con la selección del jurado popular, que formará un grupo de ciudadanos elegidos mediante sorteo del censo electoral. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

Tras una primera criba que se hizo previamente, una veintena de personas serán hoy interrogadas por las partes, que harán una selección final en la que quedarán nueve jurados titulares y dos suplentes. Ellos se encargarán de determinar la responsabilidad penal de los encausados respecto a los hechos de los que se les acusa.

En ese momento se constituirá oficialmente el tribunal, formado por el magistrado presidente y el jurado popular. Se abrirá una ronda de cuestiones previas para las partes, por si tuviesen alguna alegación, y después se dará paso a la lectura de los escritos de acusación y defensa, que realizará la Letrada de la Administración de Justicia. De esta manera los jurados entran en contacto con el caso y con las 'teorías' de las partes respecto a los hechos.

Una vez terminada la lectura, se abre el turno de alegaciones. En este, cada parte expondrá al jurado qué hechos consideran que ocurrieron la noche de la agresión de Santi Coca, con qué pruebas cuentan para ello y qué penas solicitan, para que el jurado tenga una primera idea clara de cuáles son las pretensiones de cada uno. Empezará la Fiscalía, le seguirán las acusaciones, y terminarán las defensas. Una vez finalizado, se levantará la sesión y la prueba testifical del juicio comenzará el lunes, con la declaración de testigos como Iker, hermano de la víctima, que también fue agredido.

Todas las acusaciones imputan a los encausados por asesinar a Santi Coca la madrugada del 26 de abril de 2019, tras propinarle una paliza junto al Náutico de San Sebastián que le provocó una muerte cerebral dos días después. La Fiscalía de Gipuzkoa solicita una pena de 20 años de prisión para todos los acusados, la misma pena que pide la acusación particular que ejerce la familia de la víctima. El Ayuntamiento de Donostia, que ejerce la acusación popular, pide 15 años para cinco acusados y 20 para el que se encuentra en paradero desconocido, al que considera autor de una «última y brutal» patada en la cabeza de Santi.