La amenaza de un ertzaina a la Ley Trans

Esta norma permite el cambio de sexo con el mero trámite de cumplimentar un formulario en el Registro Civil y sin necesidad de someterse a ningún tratamiento hormonal. Esto es justo lo que el agente de la Ertzaintza en cuestión (en realidad, la agente) realizó el pasado otoño, lo que podría impedir que el presunto ataque contra su mujer sucedido el pasado sábado sea tramitado como un delito de violencia de género. En ese caso, acabaría en un juzgado ordinario como un delito de violencia común o doméstica, ya que la pareja residía en el mismo domicilio donde tuvieron lugar los hechos.

El ertzaina fue arrestado durante la madrugada del día 17, acusado de un intento de agresión a su pareja, después de que en el fragor de una discusión con la mujer esgrimiera un cuchillo de cocina en presencia de sus hijas. La víctima pudo zafarse utilizando espray pimienta, cogió en brazos a la niña más pequeña, de algo más de un año, y salió a la carrera de casa hasta la garita de la cárcel de Martutene, donde sabía que una patrulla realiza guardia las 24 horas del día. Una vez recibida la voz de alarma, efectivos de la Ertzainza se desplazaron al piso donde se encontraba el agente denunciado junto a su otra hija. En un inicio, fue arrestado por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

Según pudo saber este periódico de fuentes policiales, desde el primer momento solicitó ser tratado según el protocolo establecido para las mujeres. Tras prestar declaración judicial, el mismo sábado fue puesto en libertad con cargos, imputado por un delito de amenazas graves con agravante de parentesco.

Serán los jueces los que determinen la vía por la que se tramitará este caso. Dadas las peculiaridades del mismo, la Fiscalía de Gipuzkoa trabaja para que el Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián se inhiba en favor del Juzgado sobre la Mujer. De la declaración de la presunta víctima, fuentes jurídicas consultadas entienden que hay «base suficiente» para demostrar que el episodio denunciado no se trataría de un hecho aislado, sino que se habría reiterado en el tiempo e, incluso, remontado a antes incluso de la entrada en vigor de la Ley Trans. Es decir, antes de que el ertzaina se hubiera cambiado de sexo y, por tanto, cuando era varón.

De esta manera, el caso se tramitaría como violencia de género y no doméstica. El matiz es significativo. El fiscal jefe de la Audiencia de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, recordó el jueves en estas páginas que ambos caminos contemplan una serie de derechos para la víctima y unas penas de cárcel para el victimario. Aunque tanto unos como otras son algo superiores en el supuesto de que se tramitara como violencia de género. «La protección de la libertad, la seguridad o la vida es igual en cualquier caso», aunque si son de violencia de género «la ley prevé una serie de derechos añadidos». Igualmente, apuntó Calparsoro, «el que amenaza a su mujer o pareja será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año. Cuando no es violencia de género, de mujer a mujer, por ejemplo, es de tres meses a un año», es decir, una pena mínima levemente inferior.

El delito de amenazas graves, por el que inicialmente ha sido acusado el agente, está castigado con entre seis meses y dos años de cárcel, pero con la agravante de género la condena se aplicaría en su mitad superior, con lo que la privación mínima de libertad sería de 15 meses.

La naturaleza de un caso tan delicado, del que en el Estado solo hay constancia hasta la fecha de otros seis, ha puesto en «alerta» a la Fiscalía ante la posibilidad de que el cambio de sexo sea un fraude de ley. Es decir, a que el agente hubiera acudido al Registro Civil con otra finalidad que no fuera una presunta identidad como mujer, algo «muy complicado» de demostrar, según Calparsoro. Pero todo ello pasaría por que el caso se tramite como violencia de género. Y solo así, y siempre que la sentencia fuera condenatoria, la Fiscalía podría pedir la nulidad del cambio de sexo.

Aunque voces conservadoras utilizan este tipo de casos para cuestionar la Ley Trans, colectivos como Naizen (asociación de familiares de menores trans de Euskadi) objetan que «el problema no es la ley, sino los delincuentes que cometen el fraude». Según su portavoz, Bea Sever, «nadie se plantea que haya que modificar la ley de matrimonio porque haya un matrimonio de conveniencia».