La agresión del casero a su inquilina provocó en la víctima «una sensación recurrente de miedo, culpa y vergüenza»

La perito ha descrito a la víctima como una persona «en situación de especial vulnerabilidad» y ha constatado que los hechos denunciados «han exacerbado una sintomatología manifestada como sensación recurrente de miedo, culpa, vergüenza y alerta». También ha especificado que «estos síntomas afectan a esferas laborales, sociales y relacionales».

Tras su intervención, tanto Fiscalía como acusación particular han mantenido las solicitudes de pena dispuestas en el auto -10 años de prisión-, alegando que «los hechos han quedado acreditados en un relato persistente, veraz y rico en detalles» de la víctima.

Por su parte, la defensa ha solicitado las atenuantes de intoxicación etílica, reparación del daño y la lógica de confesión tardía. Ante estas propuestas, el Ministerio Fiscal ha exigido que «no se proceda a la aplicación de la circunstancia atenuante de intoxicación» debido a que «en los vídeos se aprecia que él es consciente de lo que pasa, porque pregunta a la víctima si le está grabando. Además, no hay ningún informe que exprese que el procesado estuviera con sus capacidades volitivas e intelectivas alteradas».

Con respecto a la pena de expulsión del país tras cumplir 8 años de cárcel en territorio español que se precisa en el escrito de acusación, la defensa ha pedido que se desestime. «Es una persona que tiene arraigo, lleva desde 2006 en nuestro país. No había cometido delitos, estaba integrado y tenía un trabajo. Existe un arraigo suficiente como para que no se le aplique la pena de expulsión. No revela que exista una inadaptación o que sea un peligro».

Acusación y Fiscalía han mantenido lo dispuesto en el auto argumentando que «no existe un arraigo suficiente para revocar la aplicación de la pena de expulsión».

El procesado se enfrenta a una condena de 10 años de prisión, de los cuales cumpliría 8 y el resto se sustituiría por la expulsión inmediata del país. También tendría que abonar 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados -ha abonado 2.500- y se le impondrá una orden de alejamiento de 500 metros. Después de estos últimos alegatos, el juicio ha quedado visto para sentencia.