El alcalde de Irun lamenta que el juez no avisara al Ayuntamiento del desahucio

El caso del hombre que el miércoles amenazó con volar la vivienda en la que residía en Irun porque iba a ser objeto de desahucio, llevó ayer al alcalde de la ciudad, José Antonio Santano, a solicitar «el cumplimiento de un convenio que en 2013 firmaron Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial».

Según explicó el primer edil, el acuerdo planteaba establecer mecanismos de comunicación para que los jueces advirtieran a los ayuntamientos de casos de desahucio en sus respectivos municipios «cuando hubiera menores de por medio, cuando hubiera situaciones de vulnerabilidad. En definitiva, los casos en los que tienen que intervenir los servicios sociales». El objetivo, recordó, «era establecer un sistema de alerta para que los consistorios pudiéramos saber lo que estaba ocurriendo con un poco de antelación y actuar de manera que se puedan evitar situaciones como la del miércoles en Irun». Santano detalló que el acuerdo abarca «desahucios de un inquilino, como fue el caso en Irun, y por ejecución hipotecaria».

Lamentó que ese sistema de aviso previo no haya funcionado porque «el miércoles los servicios sociales municipales intervinieron a última hora y de urgencia. Lo hicieron bien, pero si se hubiese activado previamente el sistema de comunicación que recoge el convenio, probablemente hubiéramos evitado lo que pasó». Aunque valoró que la situación «afortunadamente se resolvió bien, pero en este tipo de situaciones nunca se sabe» y recordó que, además, «se generaron problemas e inconvenientes para todo un barrio, un despliegue policial y de bomberos y una serie de incomodidades, la primera de todas, para la propia persona que era objeto de desahucio». Santano se comprometió a hablar con las tres instituciones firmantes del convenio «para que se pueda cumplir, porque no es algo tan difícil».