La Diputación activa un servicio de asistencia jurídica ante posibles desahucios

La Diputación de Gipuzkoa ha activado un servicio de asistencia jurídica especializada para ciudadanos del territorio que estén en riesgo de desahucio o de exclusión social por situaciones de sobreendeudamiento.

El portavoz foral, Imanol Lasa, ha explicado este jueves en un comunicado que el objetivo es ayudar y asesorar "de manera personalizada" a las personas en riesgo de desahucio en el ejercicio de las actividades de mediación y en las acciones legales que puedan impulsar para defender sus derechos.

La Diputación convocará además el día 16 de diciembre un taller de trabajo con técnicos forales y municipales de Gipuzkoa para conocer la realidad de cada localidad, poner en común iniciativas impulsadas para dar respuesta a la problemática de los desahucios y potenciar este servicio de asistencia jurídica.

El taller, que será coordinado por la dirección de Convivencia y Derechos Humanos encabezada por Maribel Vaquero, será el primer paso para constituir una red interinstitucional que permita mejorar la atención que se da a los afectados, no sólo en el ámbito jurídico.

En cuanto al servicio puesto en marcha por la Diputación, la encargada de llevar a cabo la asistencia jurídica será la letrada Yolanda de Pablo con la que se ha suscrito un contrato administrativo de servicios con una vigencia de un año por valor de 30.250 euros.

Gratuito

El servicio, gratuito, está destinado a personas con escasos recursos y vulnerables por lo que se han establecido en los pliegos una serie de topes en cuanto a ingresos, ahorro y patrimonio.

También podrán acceder a este servicio personas que hayan avalado el préstamo de una tercera persona que no haya podido pagar la deuda y a quienes la reclamación de la entidad financiera ponga en riesgo de perder su vivienda.

El objetivo de estas acciones, legalmente asesoradas, es evitar la pérdida de la vivienda habitual y la consiguiente exclusión, aunque en los casos en los que no sea posible se intentará retrasar al máximo el desahucio, así como evitar efectos perjudiciales posteriores derivados de que se establezca la permanencia de una deuda viva.