Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados
El departamento de Díaz confía en que el registro reforzado conllevará una reducción real de la jornada y da por hecho que el reglamento será impugnado en los tribunales por la patronal
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasa a la acción para defender el registro digital de la jornada de trabajo ... . El departamento que dirige es consciente de que la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma, pero aleja las dudas sobre la posible violación de la ley de protección de datos de los trabajadores a la que aluden desde el entorno empresarial.
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Fuentes del ministerio rebajan este asunto asegurando que garantizarán la protección de datos «como en cualquier otra circunstancia» y recalcan que el registro ya está en la ley y es obligatorio. «Otra cosa es que no esté funcionando adecuadamente y que haya que establecer salvaguardias para extraer conclusiones ajenas a su finalidad», indican.
«La CEOE nunca ha dicho nada en contra del reglamento en términos rígidos y ahora mismo cumplen con un registro que nadie cumple», añaden desde el entorno de la vicepresidenta. Trabajo no dará su brazo a torcer para volver a intentar un diálogo con la patronal. A su juicio, ya negociaron la norma durante 11 meses y las modificaciones de las infracciones -que tienen rango de ley y han quedado extramuros del reglamento - están «archinegociadas» con los agentes sociales
Para el entorno de la vicepresidenta segunda, una de las batallas soterradas en el debate de la rebaja de reducción de jornada estaba en este control de las horas de trabajo. «No sería exagerado afirmar que si lográramos tener un registro eficaz, fiable y que permitiera a la inspección hacer una labor masiva de las empresas bajaría más la jornada efectiva de trabajo de lo que lo haría el proyecto de ley», trasladan fuentes del ministerio.
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No obstante, se muestran prudentes a la hora de hablar de plazos. Recuerdan que el borrador del proyecto se encuentra en consulta pública y que aún deben esperar a los preceptivos informes antes de que el reglamento pueda seguir avanzando. Todo dependerá del plazo que se tome el Consejo de Estado para emitir el informe y que pueda ir a Consejo de Ministros. En condiciones normales, un reglamento puede llevar al menos cuatro o cinco meses de proceso, por lo que se aleja la posibilidad de que ésta pueda ver la luz antes de que termine 2025.
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