Euskadi eleva a 14.250 millones su Presupuesto anticrisis y destina un 15% más a inversiones

El proyecto será registrado el viernes en el Parlanento Vasco, donde entre los días 2 y 4 de noviembre los distintos consejeros del gabinete de Iñigo Urkullu comparecerán para ofrecer los detalles de sus respectivos departamentos. Está previsto que la negociación parlamentaria (con toda la oposición menos con Vox) comience el día 7 y que los Presupuestos se aprueben en el pleno del 23 de diciembre.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, fue el encargado de desgranar las grandes cifras de unas cuentas que, explicó, pretenden servir de antídoto contra la crisis generada por la invasión de Ucrania y el consiguiente alza de la inflación y, al tiempo, buscan sostener el gasto social en el País Vasco, la Sanidad y la Educación. Unos apartados que se llevarán un 76% del total; en concreto, 10.254,6 millones, con la Sanidad (4.639 millones) y la Educación (3.478 millones) como pilares principales y departamentos en los que más crecerá el presupuesto de gasto.

Ambos aspectos, subrayó Azpiazu, son las grandes señas de identidad de unos presupuestos que, de otra parte, dedicarán a inversión pública 1.800 millones de euros, un 14,8% más. Los grandes tractores de esa inversión serán los departamentos de Desarrollo Económico, Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y, por supuesto, Educación y Salud.

La I+D+i se llevará otros 658,4 millones, con una mejora interanual del 12% o, lo que es lo mismo, con 70,6 millones más. Azpiazu recordó el compromiso de legislatura de elevar al menos un 6% esa apuesta por la investigación y la innovación: «Duplicamos la inversión en I+D por segundo año consecutivo, lo que nos acerca al hito de converger con los niveles europeos». El Presupuesto, puntualizó Azpiazu, recoge también «un compromiso firme con la igualdad de género, que abarca el 17%» de los programas, medio punto más que en 2022.

Azpiazu subrayó el ofrecimiento del Gobierno Vasco para pactar las cuentas públicas de 2023 «con todos» los grupos políticos, y rechazó tener «preferencias» a la hora de buscar aliados. «Tengo abierta la comunicación con todos, veremos a ver cuál es el resultado», aseguró.

Eso sí, afirmó que el Gobierno ha sido «estricto y escrupuloso» en el cumplimiento del acuerdo sellado el año pasado con EH Bildu, que se abstuvo en la votación definitiva de los Presupuestos. «En ese sentido, no creo que puedan tener ninguna pega respecto a que el Gobierno ha cumplido o no. Creo que hemos cumplido, estamos cumpliendo, hemos tenido reuniones periódicas, se ha dado cuenta sobrada de lo que estamos haciendo y no nos han trasladado nada que no sea satisfacción», afirmó. Al tiempo, el consejero no escondió la posición de fortaleza de los partidos que dan soporte al Ejecutivo (PNV y PSE), que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara de Vitoria. «El Gobierno lo podría hacer solo», remachó. Más allá de ese mensaje de fuerza, Azpiazu insistió en la idea de los pactos: «Espero que todos y todas prioricemos el bien común en estos momentos convulsos».

Tras subrayar la incertidumbre y las complicaciones que imperan en el horizonte económico internacional y reconocer que el País Vasco «sigue siendo veleta de una guerra sin sentido cuyas consecuencias nos lastran a todos», el consejero insistió en la fortaleza de las cuentas planteadas. «¡Calma!», remarcó. E insistió Azpiazu en esa necesaria tranquilidad a pesar de la incertidumbre reinante. «Este es el planteamiento de presupuestos que hemos aprobado hoy y, permítanme una metáfora, ya que les aseguro que (las cuentas de 2023) van a ser capaces de capear el temporal y de garantizar una buena llegada a puerto», aseguró. «Son unos Presupuestos con unos mimbres sólidos, y su solvencia garantiza que Euskadi va a ser capaz de mantener el nivel de sus servicios públicos, impulsar su actividad económica y generar empleo, para hacer frente a la turbulenta situación económico-social que nos está tocando vivir», insistió. El consejero no eludió nunca lo complicado del momento en lo macroeconómico y también en lo geopolítico, pero tampoco perdió ocasión de incidir en la fortaleza relativa de la economía vasca.

Así, explicó que, en base a los análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), una tercera parte de la economía mundial se contraerá este año y el próximo y que las principales economías (Estados Unidos, la Unión Europea y China) «continuarán estancadas».

En esa tesitura nada sencilla, Azpiazu subrayó que las previsiones que maneja el Gobierno para el PIB vasco en 2023 -«avaladas por la Autoridad Fiscal Independiente (Airef)- contemplan un alza del 2,1%, y puso en valor el que «el crecimiento potencial de la economía vasca antes de la pandemia era del 1,8%, «lo que permite ponderar ambas cifras», señaló. Según el consejero, el escenario actual anticipa una «significativa reducción» de la tasa de paro, que llegará al 8,8% de media este año y que bajará al 8,3% el próximo, «lo cual se traduce en una creación de unos 26.000 puestos de trabajo en 2022 y de 12.000 en 2023».

Al repasar los ingresos que alimentan los Presupuestos, Azpiazu puso el foco en que, por primera vez, el proyecto de cuentas incluye recursos del Mecanismo Europeo de Recuperación (los fondos Next); en concreto, el proyecto cuantifica ese capítulo en 260 millones, que se corresponden a las actuaciones que en este momento ha de desarrollar el Gobierno Vasco para cumplir con Bruselas.

Junto a eso, y como la tradicional parte del león, las aportaciones de las diputaciones forales, que este año ascienden a 11.901 millones, con un aumento anual del 8,2% o, lo que es lo mismo, 897 millones más que el ejercicio anterior.

Por otra parte, los funcionarios públicos vascos, al igual que los del Estado, van a tener este noviembre un aumento de sus retribuciones del 1,5%, como compensación por el incremento de los precios de este año. La subida para el próximo ejercicio también se ha previsto con características similares a la del Estado. El aumento inicial en enero será del 2,5% con posibilidad de otra subida del 1% a finales de 2023, en función del comportamiento del IPC y la evolución económica.